Oportunismo

Nunca me ha gustado que se legisle a golpe de oportunidad periodística ni tampoco política. Cuando se creó un tipo penal específico para los conductores camicaces o suicidas en la M30 madrileña o en la ruta del bacalao valenciana, el fracaso estaba cantado y así sucedió, pues la imprudencia punible con resultados de muerte o lesiones o daños ya se encontraba tipificada en el Código Penal.

Ahora el turno de legislar cosas nuevas toca por oportunidad política, de gestos o postura socialmente aplaudible. Y así, a raíz de la sentencia de La Manada, que aún no es firme hasta que decida el Tribunal Supremo, al que se le debería pedir un poco de celeridad en este caso a pesar de los múltiples recursos de casación que existen, una ministra se descuelga con la necesidad de un consentimiento expreso antes de tener una relación sexual para evitar que existan dudas; es decir, que la ambigüedad no es posible en esas relaciones. Sin llegar al extremo de los chistes que circulan ya en la red como la petición telefónica a la recepción de un hotel para que te suban a la habitación, junto a una botella de campán y una bandeja de fresas, una notaria. Son cosas que aunque no son de broma, cuando se traspasa la lógica, y el Derecho es ante todo sentido común, chirría la bisagra de la sociedad. Seguramente quedará en agua de borraja esa pretensión ministerial, pero la verdadera razón aún perdura, y es que nadie pueda ser obligado ni activa ni pasivamente a mantener relaciones no consentidas desde un principio o, aunque lo consienta, si a mitad de la misma se arrepiente, inmediatamente el delito de agresión sexual puede ser cometido.

Pero lo que me produce más sensación de oportunismo es la cuestión de una jurisdicción universal y la anulación de las sentencias franquistas. Se trata de modificar la Ley de Memoria Histórica, por una parte para sacar a Franco del Valle de los Caídos, que ya anticipo: como la familia Franco no lo autorice, veo muy improbable que se pueda hacer, pues la exhumación de un cadáver debe tener autorización judicial y no sé si se daría, dependiendo de tal consentimiento de sus familiares o de lo que diga la nueva Ley de Memoria.

Y, por otra parte, para nada más y nada menos que se declare la nulidad de las sentencias franquistas. El primer fallo es que esas sentencias no eran franquistas ni leninistas ni demócratas, simplemente eran sentencias que aplicaban unas leyes vigentes en el momento histórico de una posguerra, eso sí, que inició Franco. Un tribunal carece del privilegio de la objeción de conciencia, como sucede en el ámbito sanitario, donde desde el cirujano al celador, pasando por la farmacéutica lo tienen, con la única excepción de los administrativos. Un juez o un tribunal no pueden negarse a dictar una sentencia ni puede emitir un fallo contario a una ley. Por eso, anular ahora unas sentencias que de emitieron conforme a la legalidad vigente no es más que una postura sin consecuencia práctica alguna, entre otras cosas porque esos delitos ya están prescritos. Lo que tiene ya más sentido es retirar los símbolos que recuerden a una etapa dictatorial, así como ilegalizar aquellas asociaciones que enaltezcan la misma o el terrorismo, pero también las que induzcan o promuevan la desobediencia a la Constitución, que es más urgente que la nulidad de las referidas sentencias dictadas conforme a ley en la época de Franco.