El sector de la vivienda en España se parece a una gallina que pone huevos de oro, es maltratada por todas partes y, a pesar de ello, demuestra una increíble resistencia a dejar de regalarnos su preciado material. Más que una gallina parece un ironman.

Sin ir más lejos, se acaba de publicar un informe del Parlamento Europeo en que se manifiestan los abusos cometidos por la Banca española en las hipotecas, con las cláusulas suelo. Las mismas que solo han servido para engordar las cuentas corrientes de algunos despachos de abogados oportunistas. Lo de las cláusulas suelo demuestra hasta qué punto el Banco de España, y de paso los políticos que nombran y deberían vigilar a sus dirigentes, hicieron la vista gorda de forma irresponsable.

En cuestión de vivienda, los responsables políticos que son y ha sido, solo parecen ver una vaca a la que hay que ordeñar con impuestos y exacciones de todo tipo, por seguir con los ejemplos del granjero. Comprar o vender un bien entre particulares está sometido a un impuesto (que casi nunca se paga) del 4%, mientras que el impuesto de transmisiones patrimoniales (que no deja de ser una compraventa de un artículo usado entre particulares) está gravado con el 7%. El conjunto de impuestos, tasas, gravámenes y demás pitos y flautas, al final encarece la compraventa de una vivienda en casi un 15%. Ese coste fiscal, básicamente soportado por el comprador, supone una rémora para el mercado de la vivienda en España. Los economistas del FMI han explicado reiteradas veces a las autoridades fiscales españolas que esos impuestos a la compraventa son disuasivos, y que en un país tan proclive a la propiedad como este afectan seriamente a la movilidad geográfica y a la eficiencia del mercado laboral. Si compras una vivienda, más vale que sea para toda la vida o te estarás dejando gran parte de tus ahorros en el pago recurrente de impuestos abusivos.

Aunque se hayan incorporado subsidios sustanciales al alquiler en el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, las ayudas a la compra del Plan Estatal tiene exigencias tan absurdas como tener menos de 35 años y vivir en un municipios de menos de 5.000 habitantes.Pero más que a las ayudas, en estos últimos tiempos nos hemos acostumbrado sobre todo a los zurriagazos que mete Hacienda, como fue el caso de la supresión de la desgravación de los intereses por la compra de una vivienda de residencia habitual.

Una de las cuestiones más sorprendentes, por otra parte, es la de desprotección de los compradores de viviendas de segunda mano, que se enfrentan a la que es normalmente la mayor operación financiera de su vida a pecho descubierto. Los compradores de vivienda usada no son conscientes de que el plazo para reclamar por vicios ocultos es tan solo de seis meses, y que para conseguir cualquier tipo de indemnización deberá demostrar en el juzgado que la ocultación del problema por parte del propietario se hizo de forma engañosa y torticera. En una vivienda nueva comprada a un promotor, la protección alcanza a diez años después de la compra, y la reclamación civil puede llegar hasta al propio arquitecto que diseñó y supervisó el proyecto. Tamaña diferenciación entre la protección de un comprador de obra nueva y otro de vivienda usada (que la necesita en mayor grado) es demencial. Si a eso sumamos que en estos años más del 80% de las operaciones de compraventa corresponden a segunda mano, el resultado es catastrófico en términos de derechos del consumidor. La cosa se paliaría en gran parte dotando de mayor exigencia y responsabilidad a los agentes inmobiliarios que intervienen en una operación entre particulares como sucede en Estados Unidos. Los agentes inmobiliarios deberían convertirse también aquí en garantes de la transparencia informativa y la buena fe entre propietario y comprador, o de la no discriminación por razones de sexo, raza o religión, como se establece en la Fair Housing Act norteamericana vigente desde 1968. Con la responsabilidad subsidiaria que les correspondiera a los agentes inmobiliarios, por supuesto.

En Cataluña desde hace varios años, en el País Vasco más recientemente y en Andalucía desde hace unos meses, la intermediación en la compraventa inmobiliaria y los profesionales que la ejercen (los agentes inmobiliarios) están regulados y sometidos a un registro oficial. Por impulso del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia y de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria, presididas respectivamente por Lola Alcover y José Juan Martínez, en la Región de Murcia se incluyó una previsión para la creación de este Registro en la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Autonómico. Fue una historia positiva de sensibilidad política por parte de los consejeros Antonio Sevilla y su sucesor, Francisco Bernabé, promotor de la ley aprobada en la Asamblea. En cuanto al reglamento para desarrollar la previsión y convertirla en realidad, ni está ni se le espera de momento.

En España están censadas unas 43.000 agencias inmobiliarias, que dan empleo directo a más de 130.000 personas, un subsector nada despreciable dentro del sector inmobiliario , que incluye también a promotores y constructores. Es un colectivo que merecería de nuestros gobernantes y legisladores una atención mucho mayor que la que recibe en la actualidad.

La compraventa de viviendas, aumentó en España un 25% de abril a abril, y más de un 50% en la Región de Murcia. El inmobiliario es un sector que se está recuperando a marchas forzadas, gracias en gran parte a la recuperación del empleo. Vuelve a ser la gallina que da grandes cantidades de huevos de oro. Los políticos deberían estar más atentos esta vez, para evitar los abusos y excesos cometidos en el pasado y los que unos operadores descontrolados puedan urdir en el futuro. Esperemos que la relativa despreocupación demostrada hasta ahora no sea síntoma evidente de una sordera permanente.