¿Ataremos en corto, por fin, a las eléctricas?

El trágico accidente de la ciudadana de Reus, directamente relacionado con su situación de ´desahuciada eléctrica´, ha desatado una oleada de indignación contra las empresas eléctricas, para las que, por contra a lo que le sucede a la mayor parte de la población, la crisis no ha dejado de serles dulce en ningún momento, lo que no es ni lógico ni justo. Se está recordando que este sector realiza un servicio público pero que en realidad goza de una situación privilegiada por más de un motivo, y por eso encuentran la forma de imponer sus intereses a los sucesivos Gobiernos, escasamente vigorosos frente a ellas, y a la mayor parte de la población, que ve cómo durante los años de crisis el coste de este servicio público no ha hecho más que aumentar, incluso en los años de inflación cero o negativa.

En efecto, no se nota mucho que se trate de empresas de servicio público, no solamente porque se encuentran en guerra permanente con sus clientes (abusos tarifarios, imposición de contadores, morosidad por reclamaciones, negativas al diálogo vecinal€) sino porque constituyen un sector privado muy potente, financiarizado y globalizado, y todo esto les da alas para salirse con la suya. A sus méritos antisociales corresponde la aparición, con consolidación y fulminante expansión, de lo que ha sido bautizado como ´pobreza energética´, una vergüenza más de la España conservadora y en crisis, inerme ante el gran capital.

A sus habilidades y al servilismo de los diferentes Gobiernos se debe que hayan atravesado el franquismo la transición, el socialismo y las sinuosidades políticas de los últimos décadas sin que se haya metido en cintura a un sector que se beneficia de las ventajas del servicio público, creyéndose sin las obligaciones que también le corresponden (y disfrutando además de una situación de creciente oligopolio: de siete grandes empresas en los años 70 se ha pasado a solo tres mientras, curiosamente, todo el mundo empresarial cantaba las maravillas de lo privado y la competencia).

Se trata, sí, como nota más destacable, de un sector privilegiado desde siempre, y esto afecta muy especialmente a sus empleados, de los que podría decirse que han sido beneficiarios de un régimen interno que los mima, lo que tradicionalmente les ha hecho considerarse poco menos que copropietarios, lo que, debido a las ventajas que reciben de sus empresas, puede decirse que tiene mucho de realidad; esto marca notables diferencias hacia el resto del mundo laboral y de ahí que sea tan difícil registrar cuándo ha habido alguna huelga en este sector€

De entre los recuerdos más tristes que guardo en relación con mis compañeros de la etapa de formación profesional, cuentan dos casos de pérdida de relaciones por hostilidad, debido a que no han tolerado que yo hiciera la guerra a las centrales nucleares trabajando ellos en ese tipo de plantas (uno, íntimo amigo de mi etapa de León, en Garoña; otro, compañero de mi escuela profesional de Madrid, en Zorita).

Hablamos de un sector que fue la niña de los ojos del franquismo, y que así entró en la Transición, siendo muy poco reformado durante la etapa democrática. Hasta los años socialistas se prolongó la ´norma consuetudinaria´ de que el director general de Obras Hidráulicas, del ministerio de Obras Públicas, debía de ser un ingeniero (de Caminos, por supuesto) procedente del sector eléctrico y preferentemente de Hidroeléctrica Española; y se cumplía, desde luego. Recuerdo al correspondiente en la etapa de Suárez, con el que me tocó tratar cuando trabajaba para Castilla-La Mancha, cuya arrogancia se correspondía con un desprecio absoluto a la cosa pública y sus representantes ya democráticos.

Me reunía yo hace unos días en Huesca con dos ingenieros de Endesa (que ya no significa Empresa Nacional de Electricidad, puesto que González, Aznar y Zapatero la privatizaron del todo), representando a una asociación de vecinos de la ciudad, en una primera sesión para discutir sobre el traslado de la subestación eléctrica de su propiedad, ubicada al norte de la ciudad y ya inmediata de áreas de densa demografía. Me reunía con ellos al tercer intento, ya que esta empresa no consideró que su gente debía asistir a las dos reuniones anteriores convocadas por el propio Ayuntamiento en diciembre y febrero pasados. Ha tenido que intervenir directamente el alcalde (al que en definitiva también represento) para que se dignaran acudir a la reunión a la que aludo, no sin antes resistirse a que yo interviniera y exigiendo que fuesen, exclusivamente, técnicos municipales su contraparte.

Ya digo que a la tercera hemos podido encontrarnos en la mesa negociadora la concejala responsable de Energía y Medio Ambiente de la capital y yo, con los carísimos señores de Endesa, todo un acontecimiento, en el que mi papel ha sido eminentemente tranquilizador hacia la empresa (que probablemente guarda una imagen mía de supuesta hostilidad al sector) a la par que persuasivo ya que operaciones de traslado de subestaciones vienen teniendo lugar en toda España, generalmente por los mismos y básicos motivos: haber quedado demasiado inmersas en áreas urbanas, por sobre cualquier otro. Y he tenido que explicarles el caso de la subestación de La Viña en Lorca, el de la subestación junto a la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, una trasladada y la otra soterrada, y media docena más en curso,

Por supuesto que la posición de Endesa es negativa y se resume así: no tienen pensado cambiar de lugar la instalación y si el Ayuntamiento quiere hacerlo tendrá que pagar enteramente la operación. Pero así no se inicia proceso negociador alguno: tendrán que tranquilizarse, dejar que discurran las conversaciones y aportar lealtad al proceso. No pueden hacer oídos sordos, indefinidamente, a una reivindicación vecinal de diez años, respaldada actualmente por el Ayuntamiento., ya que son concesionarias de un servicio público, y están obligadas a una actitud mínimamente receptiva.