De un tiempo a esta parte están proliferando las actitudes insumisas hacia determinadas leyes que un grupo, partido, e incluso gobierno regional, se niegan a aplicar porque las consideran injustas o perniciosas. Estos comportamientos en un sistema democrático tienen su origen en grupos antisistema que lo utilizaban como medio de protesta ante una normativa que rechazaban. Es necesario recordar que gusten o no estas leyes han emanado de un Parlamento elegido en las urnas, por lo que son legítimas e inspiradas en la soberanía popular. Es paradójico que a muchos de los sectores que propugnan la no aplicación de algunas leyes se les llene la boca con que hay que ser más democráticos cuando vulneran uno de los principios en los que se sustenta el sistema democrático. Empezó el Gobierno catalán, no solo no aplicando algunas leyes, sino negándose a obedecer sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, para luego amenazar otros ejecutivos autonómicos con saltarse la LOMCE. Este no es el camino.
