Prevención versus libertad

¿Nos hemos convertido en peligrosos paranoicos de la seguridad? Esa es la pregunta que da vueltas en mi cogote al leer la obligación que recae sobre médicos y docentes, profesionales que para poder ejercer como tales van a tener que demostrar que no son abusadores de niños si quieren trabajar junto a ellos. Una, como madre, pondría a disposición de sus retoños todos los candados, alarmas, colchones, barreras y cámaras de vigilancia del mundo con tal de evitarle cualquier rasguño a su prole. El azar es caprichoso por mucho que se le quiera controlar, y aunque me cueste reconocerlo, no es sano vivir bajo la cultura de la tirita, esa que se pone sobre una imaginada y futurible herida, pues termina uno sufriendo y perdiendo el sueño imaginando todas las cosas horribles que pueden suceder.

Pero, por otro lado, la prevención es, sin lugar a dudas, una gran aliada a la hora de evitar accidentes, abusos e injusticias, con y sin niños. Dónde colocar entonces la bandera de la racionalidad en la lucha contra los que aniquilan de una de las formas más asquerosas que existen la inocencia y la salud mental de las personitas que deberían crecer siempre felices en cualquier parte del mundo.

La educación sigue siendo la mejor de las aliadas, la divulgación se perfila ahora como una ayuda necesaria. Bases de datos de pederastas sentenciados, fotografías de sospechosos que llenan los grupos de whatsapp de progenitores espantados, carnet de no-abusador para profesionales que trabajan con menores. Hasta los mismísimos Benedicto XVI y el actual papa Francisco han corregido el código penal de la Santa Sede en este horripilante asunto ampliando plazos de prescripción y de condena. En Inglaterra, las penas por abuso sexual a menores son las mismas que para actos de terrorismo. En Francia se les pone un brazalete para tenerlos constantemente vigilados. En Italia ser pillado con pornografía infantil conlleva no poder trabajar nunca más en centro escolar alguno. En Estados Unidos sea cual sea el grado de abuso al menor, la pena nunca es menor de los 25 años de prisión.

¿Es procedente, pues, que los profesionales que trabajan con menores de edad hayan de demostrar su profundo e integral respeto hacia los niños con la presentación de una impoluta hoja de precedentes penales?

Como madre, me gustaría, aplaudiría y celebraría la medida. Pero como equilibrada ciudadana, me pregunto si no sería más sano buscar otras medidas igualmente efectivas para la detección de estos depredadores sexuales sin poner en riesgo el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia.