E Gobierno regional del PP acaba de aprobar un decreto por el cual reduce las cantidades a pagar por los contribuyentes en virtud del impuesto de sucesiones y donaciones. Lo justifica en el hecho de que la mejora en la recaudación autonómica puede permitirle prescindir de esos ingresos. También se ha dicho que muchas familias han renunciado a la herencia por no tener liquidez para pagar el impuesto. Desde el PSOE compartimos que cuando la situación económica lo permite es razonable bajar los impuestos a los ciudadanos.
No obstante, dudamos de que este sea el caso actualmente, en tanto en cuanto nuestra Región sigue estando a la cabeza de las comunidades autónomas españolas en cuanto a incumplimiento del déficit, a pesar de que desde el PP nos digan que los ingresos propios mejoran. Además de ello, hemos de decir que nosotros no habríamos realizado la rebaja como ellos lo han hecho, pues habríamos buscado que los beneficios fueran para las rentas medias y bajas, no tanto para las altas. La rebaja lineal del 50% en el impuesto afecta por igual en términos relativos a todos los contribuyentes, pero no en términos absolutos.
Así, un contribuyente cuya base liquidable del impuesto sean 10.000 euros, se ahorrará 391euros, un contribuyente cuya base liquidable sean 10.000.000 euros se ahorrará 1.783.079euros, al primero el tipo medio le baja unos 4 puntos, al segundo unos 18, más de 4 veces más. Durante esta crisis hemos visto cómo mientras los asalariados y pequeños empresarios veían reducidos sus niveles de renta, las rentas más altas los aumentaban. Es por ello que creemos que es hora de empezar a tomar medidas desde la administración que frenen ese incremento en las diferencias de renta entre los muy ricos y el resto de la población. Por ello, nosotros no habríamos realizado una rebaja de este tipo, sino que habríamos ampliado el mínimo exento.
Creemos que los que heredan un pequeño patrimonio podrían quedar exentos totalmente de este impuesto y, por ello, habríamos ampliado el mínimo exento hasta los 200.000 euros, pero habríamos mantenido la escala progresiva de la ley nacional sin ninguna rebaja. Esta medida sí que seguramente habría hecho que ninguna familia hubiera tenido que renunciar a su herencia por falta de liquidez para pagar el impuesto, pues estamos seguros que las familias que han tenido que renunciar son las que heredan 10.000 euros y no las de 10.0000.000 euros. En definitiva, si desde la administración hay que reformar los impuestos, que sea para beneficiar a los que realmente lo necesitan y que no sirva para incrementar las diferencias de renta entre los muy ricos y el resto. Algunos aspectos de la normativa que son manifiestamente mejorables son:
€ Hay que equiparar las parejas de hecho a los cónyuges y las personas objeto de un acogimiento familiar permanente o preadoptivo a los adoptados.
€ Aumentar el mínimo exento para personas con minusvalías superiores al 33%, actualmente fijado en 47.858,59 euros hasta los 250.000 euros.
¡€ Exigir que, para tener derecho a la deducción del 99% por reinversión empresarial de herencia o donación sea imprescindible el que la empresa creada genere empleo. Actualmente, solo se exige que se cree la empresa, pero el heredero puede ser la única persona que trabaje en ella.
Habría que establecer un número mínimo de empleados en función del montante recibido, de forma que a mayor herencia/donación, más obligación de crear empleos. Por supuesto, estos empleos habrían de ser mantenidos durante los 5 años que la norma exige. Tal y como está redactada la norma actualmente, alguien que herede 10.000.000 euros tendría que pagar por el impuesto 3.566.159,35 euros. Si crea una empresa sin empleados ni actividad con ese dinero y la mantiene durante 5 años, obtendrá una rentabilidad anual superior al 6% por el ahorro en el impuesto, sin que ello haya supuesto ninguna mejora en el empleo de nuestra Región.
€ Suprimir la discriminación que se produce entre empresarios. El modelo actual, al igual que hacía el anterior, discrimina a los empresarios individuales y profesionales frente a los herederos de sociedades, en tanto en cuanto establece un límite de facturación para los primeros y ninguno para los segundos. Es decir, el heredero de un empresario individual que facture más de 3 millones y que quiera continuar con el negocio del padre/madre no podrá beneficiarse de la bonificación del 99% mientras que el heredero de una sociedad que facture 300 millones sí podrá hacerlo. Es absurdo e injusto y deberían ser suprimidos dichos límites.
Todas estas consideraciones y otras que nos puedan surgir del debate con expertos en el tema serán planteadas cuando el decreto llegue al parlamento regional y esperamos poder consensuarlas con las demás fuerzas políticas para hacer estas leyes impositivas más progresivas, más justas socialmente y más racionales económicamente.
