El próximo 6 de diciembre, día de la Constitución Española, la radiotelevisión pública de Murcia cumplirá veinticinco años, y todavía tendrá una gran tarea pendiente: diseñar qué idea de medio audiovisual merece la sociedad murciana.

En 1990, con Gobierno socialista, nació la radio „Onda Regional„, se realizaron unas pruebas televisivas que asustaron por lo caras, y se decidió (por acuerdo de todos los grupos políticos) dejar la tele para ocasión más propicia. En 2006, subidos en la inercia del crecimiento artificial de los ladrillos y las especulaciones, el Ejecutivo del PP fabricó una televisión cuyos contenidos informativos fueron cuestionados como tendenciosos, y cuyo presupuesto sobrepasó los objetivos iniciales. En 2012 el Gobierno regional suspendió el contrato con GTM, manteniendo una televisión con programas de relleno y un solo informativo de lunes a viernes, mientras se practicaba un despido colectivo que afectaba sobre todo al personal de la radio, cuya programación se ha reducido en cantidad y calidad en idéntica proporción.

Mientras, cada vez que un organismo de relevancia examina a fondo la radiotelevisión pública autonómica, las conclusiones son muy negativas. Así ocurre con los presupuestos de la primera televisión, cuestionados por el Tribunal de Cuentas. Y así ha pasado con los despidos del ente RTRM y Onda Regional de Murcia, que el Tribunal Supremo (para el que no cabe recurso alguno) considera ahora no ajustado a Derecho, no justificado en la motivación económica que argumentaba la empresa, y viciado en su negociación.

Por tanto, nuestra primera conclusión es muy crítica con los gestores, con los sucesivos Gobiernos que, no sólo se han mostrado incapaces de diseñar un servicio público audiovisual que responda a las necesidades de los ciudadanos que lo soportan con sus impuestos, sino que han demostrado ser muy malos administradores de ese presupuesto público. Cuando ahora presumen de una televisión que, por adjudicarse cien por cien a una empresa privada, cuesta menos dinero, olvidan que el propósito de esa empresa es, sobre todo, la rentabilidad económica, y que el servicio público es mucho más que transmitir determinadas celebraciones o no emitir programas repetidos en ciertas franjas horarias.

Olvidan que es muy difícil exigir un trabajo de calidad con trabajadores maltratados: olvidan que cuando se ´presume´ en la nueva tele de haber rescatado a parte de la plantilla despedida de la antigua televisión o de Onda Regional, se hace a costa de condiciones precarias, de un convenio colectivo de mínimos y de sueldos que en muchos casos apenas superan los ochocientos euros netos mensuales. Así puede aumentar sus ganancias esa empresa que, por lo demás, tiene asegurados por contrato ingresos millonarios anuales procedentes del erario público.

Políticamente se ha jugado al escondite, comparando los medios de comunicación públicos con escuelas u hospitales, mientras se usaban esos mismos medios para difundir tales mensajes manipuladores. Y entretanto, Murcia no dispone de la radiotelevisión del siglo XXI que merece: técnicamente avanzada, veraz y con presencia en toda la Comunidad. Tampoco ofrece a los estudiantes e investigadores, al ciudadano de la región, acceso al patrimonio audiovisual cosechado durante estos años: imágenes y sonidos de valor incalculable que son testimonio del paso del tiempo, del cambio de una a otra centuria, del devenir de una Comunidad autonóma que crece y madura. Todo ello es imposible a día de hoy porque se ha malgastado presupuesto y tiempo en políticas de mesa de camilla, con un imperdonable descuido de lo importante, con una demostración de ignorancia que sonroja.

El expediente de regulación de empleo que ahora ha tumbado el Tribunal Supremo se ejecutó hace dos años, en un mes de mayo de 2013 durante el cual los trabajadores recibieron el apoyo infructuoso de muchos Ayuntamientos, de partidos como el PSOE e IU y, sobre todo, de la sociedad civil, de organizaciones de todo tipo. Pues bien, en estos recientes tiempos de cambio político, el sindicato Comisiones Obreras ha llevado a cabo una labor de lucha en favor de las radiotelevisiones públicas dignas y de calidad en toda España, y también en Murcia, donde Izquierda Unida, Podemos y PSOE han rubricado con sus firmas las propuestas que podrían desarrollar el mejor servicio público informativo posible, con una ley abierta al ciudadano, con la modernización y la administración eficaz que demanda la sociedad.

Uno de los índices de democracia más solventes es el grado de fiabilidad de los medios públicos de comunicación. Por eso, en estos días de reuniones y búsqueda de acuerdos, recordamos que la situación es ideal para abordar por fin esta cuestión pendiente. Los ciudadanos no son tontos. Los oyentes de la radio no son ignorantes. La audiencia televisiva espera mucho más de su propia radiotelevisión. Si los elegidos en las urnas demuestran ser capaces de entenderse, si han escuchado claramente el mensaje de los votantes, que reclaman acuerdos e inteligencia para un buen Gobierno, quizás podamos aprovechar la oportunidad de definir una radiotelevisión pública solvente, económica, moderna y, sobre todo, que merezca la confianza de quienes necesitan saber, con cercanía y calidad, con capacidad crítica, qué sucede y qué se piensa aquí en casa, en la Región de Murcia.