Fuenteovejuna, Señor

En la contienda surgida a raíz de la consulta soberanista catalana, el presidente Rajoy dice no haber dado instrucciones al Fiscal General del Estado. Sin embargo, el hecho de que sea nombrado por el Gobierno y la actuación de quienes le han precedido en el cargo nos hace sospechar de cierto clientelismo político. Seguro que no ha habido ´instrucciones´, pero tal vez ´sugerencias´, ´motivaciones´... Así, siempre será la Fiscalía la que asume los riesgos de que no prospere la querella, mientras el Gobierno cierra filas con sus votantes.

El Derecho Penal es una ciencia jurídica y, como tal, tiene sus reglas y sus principios. Sin ellos no habría garantía de justicia. El aspecto y los prejuicios se impondrían. Hablaríamos del ánimo del juez y no de su convicción. Su aplicación del Derecho Procesal, que es la garantía más básica, el derecho a un proceso justo. Consagrado en la Constitución como desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva. Un proceso sometido a reglas estrictas que se fundamentan en la publicidad (luz y taquígrafos), la oralidad (la puesta en escena), la inmediación (todas las pruebas a la vista del juez) y la contradicción (iguales mecanismos de defensa para todas las partes). El juez no puede inventar el proceso, porque entonces sería arbitrario. La indefensión está proscrita, por ello es necesario tener la posibilidad de utilizar todos los medios de prueba pertinentes.

Sin embargo, el presidente del Gobierno tiene un mecanismo no judicial para dar una réplica política a Artur Mas. El artículo 155 de la Constitución le permite requerir a la Comunidad Autónoma el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o legales o si atentara contra el interés general de la nación. Si el requerimiento no fuere atendido, el Gobierno, con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de las obligaciones o la protección del interés de la nación. Extraña que no hubiera actuado así, cuando el ministro Montoro lo esgrimió contra quienes no cumplieran las normas sobre el déficit. ¿Por qué no lo hace ahora?

Torres-Dulce es un buen profesional y también un gran cinéfilo. Contertulio habitual de José Luis Garci en aquel fantástico cineclub ¡Qué grande es el cine! Pero su papel en esta ´película´ no ha sido el de John Wayne, sino el de Jack Pallance, como pistolero a sueldo de un jefe timorato. Aunque es Montoro quien dispara más rápido.

Por su parte, Artur Mas se ha revelado como un actor melodramático. Y si bien es cierto que nunca un timorato llegó a ser gran estadista, tampoco hay que confundir la temeridad con la valentía. Así, no parece muy claro si su final será el martirologio o ser un ave Fénix. Mientras tanto, acuden en su socorro los senadores de CiU, pidiendo declarar en la instrucción de la causa, y los miembros de su gabinete, queriendo declararse todos culpables de los delitos de los que no sabemos si condenarán a su presidente.

Tal vez Torres-Dulce termine haciendo de Alan Ladd en Raíces Profundas, pues los delitos de malversación y de usurpación de atribuciones pueden tener más recorrido que los de desobediencia y prevaricación. En cambio, los apoyos de los acólitos de Mas parecen teatrales, Como un corifeo, más centrado en la puesta de escena, que en la técnica procesal penal. Desconocen sin duda que la prueba de confesión no es determinante en el juicio penal y no exime al juez de una comprobación de su veracidad y absolver al confeso si tiene dudas razonables sobre su autoría. Porque la responsabilidad penal es distinta de la civil y, por supuesto, de la política. El autor es quien realiza los actos descritos en el tipo penal. También son responsables los cómplices, que con actos anteriores o simultáneos colaboran a la realización de los hechos delictivos. Los inductores son quienes inducen a otro a cometer el delito. Y los colaboradores necesarios son aquellos que partirán en la comisión del hecho con actos imprescindibles para la realización del mismo. De manera que la responsabilidad penal recaerá sobre quienes hayan realizado los hechos delictivos en alguna de las anteriores formas de participación. Los senadores de CiU y los miembros de su gabinete no pueden ser autores y tampoco pueden ser colaboradores necesarios, pues su actuación no era indispensable para la comisión del delito.

En su afán soberanista, les traiciona el subconsciente y remedan el teatro del Siglo de Oro español al responder ante el juez: «¿Quién mató al Comendador?». «Fuenteovejuna, señor». «¿Y quién es Fuenteovejuna?». « Todo el pueblo a una». Claro que a estas alturas, lo mismo resulta que el Fénix de los ingenios también era catalán.