Estamos que nos salimos. Últimamente el Consejo General del Poder Judicial está acertando una tras otra, en mi opinión y sin ánimo de pelotear, que mi única aspiración es la de equivocarme lo menos posible cuando resuelvo.

Por un lado, ya lo había dicho en un artículo de prensa hace poco, que un juez pueda ser ciego me parece muy bien. Más importante es la normalidad psíquica que la física siempre. Unánimemente (olé ahí), han decidido que un invidente pueda ser juez, contestando así a Gabriel Pérez Castellanos, que con 100.000 firmas se lo preguntó al Consejo. Y éste ha propuesto modificar ciertos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que pueda ser un ciego juez porque «la vista no es un sentido imprescindible para los jueces», ya que las leyes procesales „sigue diciendo el Consejo„ conceden importancia a elementos aprehensibles a través del oído, como puede ser la evasión de respuestas, o el titubeo durante el juicio, donde se escucha a las partes y testigos. Otra cosa es que después apruebe la oposición a la carrera judicial, que como no es el tercero o el cuarto turno, tendrá que pasar por una auténtica oposición.

Por otro lado, este mismo Consejo General del Poder Judicial, alabado por unas asociaciones, criticado por otras (esencialmente las que no tienen ninguno de sus miembros en aquél), también ha acertado al crear una base de datos sobre la corrupción, que será actualizada convenientemente y estará abierta al público en general.

Todo ello como consecuencia de la firma de un convenio con Transparencia Internacional, para lo cual el Consejo llevara a cabo estudios de opinión sobre actitudes y percepciones de los operadores jurídicos relevantes en materia de transparencia y corrupción. Siendo uno de los objetivos de esa transparencia la necesidad objetiva que tiene el Consejo de mejorar su reputación e imagen pública, así como ganar en credibilidad como un órgano constitucional útil. Y añado yo, buenos principios y mejores comienzos, pero si desterrásemos la imagen política del mismo sería lo ideal de la muerte.

Y el ciudadano creería más en la justicia, aunque no se puede olvidar que el Consejo no tiene facultades jurisdiccionales, esto es no resuelve asuntos judiciales, sino solamente gubernativos. Es también verdad que si nombran a los altos cargos judiciales de la nación puede uno sospechar que hay una politización de forma indirecta también en la jurisdicción. Y, sin embargo, al igual que critico el nombramiento de ciertos cargos judiciales y sobre todo en el Tribunal Constitucional, también afirmo que no creo en la politización de la justicia a niveles de resolver un asunto dependiendo de la afiliación o simpatía de un ciudadano hacia un partido político o hacia otro.

Y todos estos aciertos sin necesidad de acudir al Bazar de los Brujos que ha sido absuelto por la Audiencia de Valencia, el 27 de enero de 2014, del delito de estafa que le había acusado un empresario, porque los rituales de limpieza y santería no habían tenido éxito. Un establecimiento comercial, que atravesaba malos momentos económicos terminó de hundirse, no se si a ello contribuyo los 3.500 euros que le costó la santería, ya que al denunciante „dice la sentencia„ no le faltaba «viveza intelectual, carencia de cultura y torpeza mental». Y añado yo, será porque no estaba todo ello reconocido con carnet, porque un poco pardillo sí que es.