l conflicto suscitado en la Junta de Andalucía entre PSOE e IU a cuenta de la decisión de esta última organización de asumir el realojo de los desahuciados de La Corrala sevillana, trasciende las fronteras geográficas y políticas andaluzas, constituyendo una radiografía de la deriva actual del sistema político y de la intervención sobre el mismo de dos de sus principales actores: la socialdemocracia liberal y la izquierda. De ahí la enorme relevancia mediática del hecho, así como la intervención de las direcciones estatales de ambas fuerzas políticas para encauzar la controversia. Del PSOE andaluz, y por extensión de todo el socialismo español, podemos decir que la crisis ha puesto de manifiesto la enorme incomodidad que le supone la cohabitación con la izquierda en el gobierno de la más poblada autonomía de España. De un tiempo a esta parte, se suceden las zancadillas y humillaciones socialistas dirigidas hacia su socio.

Y ello a pesar de la condescendencia de éste hacia las políticas neoliberales y de recortes que emanan del núcleo duro del ejecutivo andaluz.

Es decir, la dirección de la socialdemocracia apuesta por el fin de esa alianza por cuanto supone una anomalía en el proceso que conduce, en el conjunto del país, hacia un Gobierno de concentración PP-PSOE o, en su defecto, a una más estrecha colaboración de los dos principales partidos estatales en asuntos 'de Estado'. Alianza que se ha consolidado tanto en el seno de la Comisión Europea como en Gobiernos europeos (Alemania y Grecia). Así pues, son de esperar nuevas maniobras desestabilizadoras hacia IU por parte de Susana Díaz y su equipo.

En lo que concierne a IU, se extraen, en mi opinión, tres lecciones. La primera hace referencia al corto recorrido, cada vez menor, de políticas alternativas en el seno de nuestra democracia de papel, toda vez que ésta se encuentra contaminada por la dictadura financiera y la corrupción. Efectivamente, IU ha puesto en pie, en el seno de la Junta, una política de vivienda que representa una alternativa, limitada y parcial si se quiere aunque bienintencionada, al actual modelo inmobiliario-bancario. Pues bien, esa política apenas ha podido echar a andar por las zancadillas tanto del Gobierno central como de su propio compañero de Gobierno, como se ha puesto de manifiesto, en lo que respecta a este último, en el asunto que nos ocupa. Fue todo un símbolo que la presidenta andaluza retirara las competencias de vivienda a IU. Advertía así de que en esta sensible materia los límites que impone el sistema son precisos y definidos, y no se pueden rebasar.

Primera lección, por tanto: El régimen del 78 y la troika ya no dejan margen de maniobra para trabajar con eficacia y honestidad desde los Gobiernos. La segunda se conecta con la primera a partir de la crisis de esa idea, de la que es portadora una parte de la izquierda, según la cual las instituciones son un fin en sí mismas. Es decir, lo importante es estar dentro, más incluso que lo que desde ellas se hace. Se argumenta que, ocupándolas, no lo hace la derecha y que, si no se ponen en marcha verdaderas medidas transformadoras, al menos evitamos otras peores (las que llevarían a cabo los conservadores). En definitiva, la filosofía del mal menor que inspiró la decisión de participar con el PSOE en el gobierno comienza a hacer aguas por todas partes, en la medida que se evidencia el secuestro de los órganos ejecutivos por poderes fácticos antidemocráticos, lo que convierte en irrelevante quien está al frente de aquéllos, pues la política resultante siempre es la misma.

La última lección se desprende de las anteriores: si las instituciones del régimen no sirven, si la alianza con la socialdemocracia en su seno es contraproducente, el programa de la izquierda no puede ser otro que la apertura de un proceso constituyente para un cambio de Régimen. Sólo así habría una consejería de Vivienda desde la que poner en pie políticas para la gente.