Como ya conocen, el juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez ha puesto unas fianzas de aúpa a los implicados más notorios en la deriva de la Cam con idea de prevenir la cobertura de posibles responsabilidades civiles. En concreto, al que fuera presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, le ha pedido un aval de 6,6 millones de euros y claro, el susodicho ha hecho frente con una lista de 271 fincas.

Hasta después de muerta, todo lo que tiene que ver con la caja revela que en los últimos tiempos las cosas se hacían a lo grande. No siempre fue así. Al contrario. Durante muchas décadas, el proceder fue lo opuesto. Contención, mesura y discreción por encima de todo. Que ninguna movida afecte a la imagen de lo que era una institución modelo en no pocos aspectos.

A mediados de los noventa se destituyó al empresario Eliseo Quintanilla como miembro del Consejo de Administración por no ajustarse a la realidad la declaración de incompatibilidad que firmó cuando fue elegido para el cargo y mantener una de las empresas de la que el fogoso industrial era socio un descubierto con la propia caja. Estamos hablando de una mora de dos millones... ¡de pesetas! La norma era clara: estar en situación de morosidad es causa de ineligibilidad como consejero. La medida la adoptó, miren por donde, la Comisión de Control y no pocos de los ejecutivos que mamaron en escalones preferentes de esa doctrina estricta forman parte de la cúpula que años después empujó a la caja por el precipicio. C´est la vie. Cierto es que Quintanilla era un grano en el culo y que aquello fue una vía para quitárselo de encima, pero amparándose en la ley. De hecho fue hasta el Supremo donde, frente a la Cam, también palmó. ¿Y saben quién llevó su defensa? Efectivamente. Lo único que ignoro es si ya disponía de tantas fincas a su alcance o todavía no.