El otro día vi un documental sobre el cocinero del presidente de Rusia. En apenas una hora nos mostraban el lujo extremo del que goza el inquilino del Kremlin en cuestiones de comida: cangrejos de Sajalín de a ochenta euros el kilo, vino blanco del Cáucaso en botellas etiquetadas artesanalmente, dispositivos de transporte de su vajilla que necesitan varios aviones Si a eso le sumamos los palacios moscovitas que, cual ciudad prohibida, están vedados al resto de los mortales, las salas recubiertas de oro y hasta los catadores de la comida presidencial dedicados en exclusiva a que al sucesor civil de los zares no lo envenenen, nos encontramos con un escenario completo hecho de exceso y dedicado a un hombre que, al menos en la teoría, no es otra cosa que un empleado público elegido por la gente con el objetivo de dedicarse al bien de esa gente. ¿Entonces, cuál es la motivación de semejantes privilegios?
No hay que irse tan lejos, no obstante. Tal vez Rusia, por no haber sido nunca en su historia una democracia y por serlo hoy en día de un modo tan disfuncional, sea un caso extremo dentro de Europa y de los países tenidos por democráticos, pero lo cierto es que todas las naciones acostumbran a tratar privilegiadamente a sus gobernantes y poner a su disposición lujos y ventajas de todo tipo que no están al alcance de los ciudadanos de a pie, incluso de los más ricos entre ellos. Estos privilegios, su número, su coste, su tipo y elementos son un buen termómetro para valorar la calidad democrática de un país, siendo que los países con democracias más profundas y asentadas, aun y dando prebendas a sus líderes, acostumbran a controlar y fiscalizar más y mejor el uso y disfrute de las mismas por sus titulares temporales que aquellos otros países que, siendo democráticos de nombre, sea por falta de tradición, sea por vicios adquiridos, permiten más abusos por parte de los poderosos. No es lo mismo Suecia que Rusia, podría ser el resumen. Tampoco el Reino Unido que España.
Pero más allá de que este o aquel país hagan mejor o peor uso de los medios dedicados a sus magistraturas de gobierno, la pregunta que me gustaría hacer es de base: ¿cuál es la justificación de los privilegios de los que goza una persona por detentar un puesto de poder en una democracia? Porque en una dictadura la justificación está clara: yo tengo el poder y con él hago lo que quiero y, si a ti no te gusta, tienes dos opciones: o bien te callas y tragas, o bien te me opones y te arriesgas a que te pegue un tiro o te encarcele.
Pero, ¿y en una democracia? En un modelo de gobierno constituido, se supone, por el bien de sus miembros y en el que sólo se ceden libertades para garantizar otras y siempre bajo el control de la ley, ¿cuál es la justificación de los privilegios de los que gozan en múltiples esferas los titulares de las instituciones del Estado? O, por decirlo en plata, ¿por qué un funcionario del INEM no puede ir en coche oficial?
¿Acaso no es tan empleado público como el alcalde de la localidad en la que vive? ¿Por qué uno, por el hecho de ocupar su puesto al haber sido elegido por los ciudadanos, tiene privilegios que el otro, al haber sido nombrado tras superar unas oposiciones, no tiene? ¿Es que la elección popular implica per se el disfrute de lujos? ¿O es que no es posible administrar una ciudad si no se va a los sitios en coche oficial?
¿Corren los alcaldes el riesgo de que les explote súbitamente el cráneo si van en su coche particular al trabajo? ¿Tal vez, si en una recepción oficial dada por el presidente del Gobierno se ofreciera gazpacho del Mercadona en vez de suculentas viandas de alto precio, se generaría algún tipo de caos internacional que llevaría España a ser invadida por, qué sé yo, Andorra?
El problema es que no entiendo por qué un diputado tiene dietas. Yo me he pasado dos años yendo y viniendo de Alicante a Murcia para cumplir con mi trabajo y nadie me ha pagado dieta alguna. ¿Es que el sueldo de diputado no da para vivir en Madrid? Nadie les obliga a ser diputados, si no me equivoco. Se presentan para lograr el bien colectivo, no por su enriquecimiento personal, ¿no es así? ¿Entonces, por qué hay que pagarles hasta los taxis? Tampoco entiendo por qué los alcaldes y concejales de cualquier ciudad e incluso pueblo de mediano pasar tienen coches oficiales. ¿Es que si van a la fiesta de la alcachofa en su vehículo privado es de prever que las alcachofas tomarán vida y se les lanzarán al cuello? Que me digan que el presidente del Gobierno debe tener coche oficial por aquello de la seguridad aun podría creérmelo, pero, ¿también la seguridad del alcalde de Alpeñete de Arriba está en riesgo?
Ningún privilegio sin justificación racional es tolerable en una sociedad democrática. Y el concepto mismo de privilegio otorgado por el desempeño de una magistratura pública es en sí más propio de modos de gobierno no democráticos, que de una democracia. Por tanto, a mayor sea el número de privilegios de los titulares de las instituciones públicas, peor será la calidad democrática de un país. Si, además, los privilegios no tienen justificación, entonces la democracia misma deja de serlo en ese aspecto. Hemos de abandonar la mentalidad de que el titular del poder es aquel que los ciudadanos colocan en la dirección y administración de la sociedad. El titular del poder somos nosotros, los ciudadanos, no ningún gobernante. Nadie debe tener mayores privilegios que aquellos que merezca por el hecho de ser un ciudadano.
