Cuando aún resuenan en nuestra memoria los ecos del proceso de aprobación de la última Ley de Educación, sin haber arrancado en el Parlamento ni un solo voto al resto de partidos, y habiendo tenido en contra a toda la sociedad, incluida la enseñanza privada, podemos concluir que la definición de prepotente del DRAE: «Que abusa de su poder o hace alarde de él», queda corta para definir el comportamiento del PP. Puede afirmarse sin ambages que supera la prepotencia y raya la chulería y la provocación. Así podemos entender que el ministro Wert se haya permitido ante los periodistas la frase «solo tiro la toalla cuando salgo de la ducha».
Con estas premisas bien podemos prever cuál va a ser el proceso y el final de la ´ley mordaza´ que se cuece en los despachos del ministro Fernández Díaz.
Sin embargo, nos crea cierta esperanza comprobar que en todos los foros de los medios no extremistas se está manifestando un estado de opinión totalmente contrario a los objetivos de dicha ley y los procedimientos que el Gobierno trata de poner en vigor, contrarios a los derechos de libre opinión, reunión y manifestación, que la Constitución define para todos los españoles.
Escamado por las críticas y manifestaciones surgidas a partir del movimiento 15M, el Gobierno quiere criminalizar cualquier concreción de estos derechos y cortar de raíz las quejas de los que peor están siendo tratados por una crisis económica provocada por la especulación de la banca, la Bolsa y el poder financiero. Son esa legión de indeseables -en opinión del Gobierno- que forman los casi cinco millones de parados, los desahuciados, los defensores de la sanidad y la educación públicas, los jóvenes que tras su formación no ven otra salida que no sea la emigración, las víctimas de los recortes de los servicios públicos básicos, que tienen la osadía de salir a la calle y manifestar su queja y su crítica al Gobierno, que está gestionando esta travesía tan a su desfavor y en apoyo de la clase más acaudalada que alardea de balances millonarios y de crecer en poder económico: la banca y las grandes empresas.
Pero en el fondo de este afán desmedido por limitar los derechos ciudadanos subyace el rechazo, con la peor de las formas, al desapego social y el desprestigio de la clase gobernante -y, por extensión, de la clase política- cada vez más arraigado en la sociedad española, que ve en sus políticos una verdadera casta privilegiada e intocable con múltiples casos de corrupción de los que salen ilesos e incólumes por manejos ilícitos de las leyes.
Y para tal fin no tienen inconveniente en poner en jaque los pilares de las sociedades democráticas, derechos que creíamos conquistados irreversiblemente, tratando delictivamente lo que son meras concreciones de tales derechos.
Si la sociedad española ha dado muestras evidentes de un nivel de madurez y de paciencia -de tragaderas- inusitado, ¿qué teme nuestro Gobierno? Las movilizaciones sociales de los últimos años han sido absolutamente asumibles en sociedades democráticas. ¿Es lícito criminalizar la queja social ante sus gobiernos, si no se utiliza la violencia? Con leyes del mismo patrón del que tratan de imponernos desde el ministerio del Interior, no se han evitado revueltas ni revoluciones sociales: la primavera árabe fue el mejor ejemplo. Lo que está ocurriendo en Ucrania es otra demostración. ¿Quieren acaso sugerir que estamos en España ante un peligro semejante del que tienen que preservarse?
Nunca las provocaciones fueron aconsejables ni social ni políticamente. Y el camino que han emprendido lleva a esos derroteros.
Si el Gobierno cierra las puertas de la participación ahora vigentes y permitidas, tenga la seguridad de que la sociedad buscará otras alternativas. Ni las multas feroces ni las penas de prisión con que amenaza el Gobierno van a conseguir acallar la queja ciudadana cuando está justificada, aunque tengan que crearse nuevos cauces que la encarrilen. Y pudiera ser, tropezando dos veces en la misma piedra, que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que recurriremos, les enmiende la plana, para escarnio y humillación de España ante Europa, como hizo el TSJ de Murcia a Bascuñana, delegado del Gobierno, al que también se le fue la mano en reprimir derechos ciudadanos en la Marcha de Mareas del pasado 23N. De momento, el comisario europeo de Derechos Humanos critica la dureza del proyecto de semejante ley.
