La diferencia entre un trabajador y un proveedor de trabajo puede parecer sutil, un asunto para intrépidos semiólogos, pero creánme que nos van las lentejas en ella. Si consiguen que nos traguemos el enorme sapo de que ambas cosas son iguales, muchas batallas estarán perdidas. Muchos defendemos que un trabajador no es una sociedad de inversión y que, ya que su bienestar y estabilidad lo son de toda la sociedad, tanto la opinión pública como la legislación deben protegerle.

¿Qué ocurre si las leyes, reforma laboral tras reforma laboral, dejan de protegerle? ¿Qué pasa cuando se impone la idea de que un trabajador es un proveedor? Pues que se le puede tratar según la ley de la selva, perdón, la de la oferta y la demanda. Y dado que estamos en tiempos de desgraciada sobreoferta de trabajadores, la consecuencia lógica es la precarización.

Ojo: no se trata ya de la socorrida coartada de que, como la crisis está debilitando el tejido empresarial, éste tiene que recortar sueldos y aumentar horarios. Se trata de que sociedades en beneficios récord imponen recortes salariales de trescientos euros al mes y por toda explicación amenazan con la deslocalización.

¿Por qué? Porque pueden. Porque creen que ya nos hemos tragado el sapo. Porque esto es Murcia y estas cosas son oquei. No solo luchan por sus derechos, a poco que lo pensemos, los trabajadores de El Pozo.