La crisis económica y moral actual nos tiene acostumbrados a una lluvia incesante de datos, gráficos e imágenes que tratan de dar cuenta del cataclismo. Una de las consecuencias negativas de esta sobreexposición puede ser que perdamos de vista lo que hay detrás de todos esos números, que como sabemos suelen ser personas. También podemos hablar de crisis de instrumentos de análisis, de confusión (a veces interesada) a la hora de representarnos la realidad. Convivimos a diario con las tasas de variación del PIB, la prima de riesgo, el desempleo o el déficit, sin poder recorrer el camino que conecta estas cifras con la gente que está siendo medida con ellas.

Tomemos uno de estos datos: en la Región, y según el Instituto Nacional de Estadística, INE, y la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, la tasa de población al borde de la pobreza y la exclusión social es del 32,5%, una de las más altas del país. Tal vez todas estas siglas y porcentajes nos generen más dudas: cómo se calcula la cifra, por ejemplo. A eso podemos responder que ese índice (llamado AROPE) es el resultado de combinar la tasa de pobreza relativa con una serie de indicadores de Privación Material Severa (PMH) y con la dificultad de acceder al mercado laboral (BITH). Más siglas, más números. Hagamos por una vez un ejercicio diferente: imaginemos a esas personas. Uno de cada tres murcianos. Con toda seguridad convivimos con muchos de ellos. El dato es una descripción de sus vidas y de la mella que en ellas hacen el desempleo, la privación económica, las irregularidades alimentarias o la inseguridad de sus viviendas. La crisis no es un baile de cifras que suben y (sobre todo) bajan, sino la imposibilidad, para muchos murcianos, de comer carne, pescado o su equivalente vegetariano al menos tres veces por semana. De pagar el alquiler o la hipoteca. De mantener la casa caliente en invierno.

Entendemos que, en este contexto, la Administración debería cumplir su mandato, inequívoco e ineludible, en cuanto a la protección de esta parte creciente de la población. Es por eso que recibimos con estupor la decisión, publicada el pasado 12 de marzo en el Boletín Oficial de la Región, BORM, de suspender la tramitación de las (otra sigla, disculpen) APIPS, las Ayudas Periódicas para la Inserción y Protección Social.

Estas ayudas, destinadas a la protección de familias con menores a cargo y escasos recursos, suponían una mínima red de seguridad a la que acogerse por un período determinado para no caer en la exclusión, eran renovables y compatibles con actividades laborales inestables. Su función era la de complementar al resto de recursos familiares. En cambio, la reciente decisión de suprimir las ayudas de forma oficial, poniendo el presupuesto por delante de las personas y sus necesidades, no es sino la última vuelta de tuerca en la línea política de la Administración regional, consistente en eludir su responsabilidad de proteger a los murcianos más desfavorecidos con el pretexto de la lucha contra el déficit.

Otro síntoma de esa estrategia es justificar la desaparición de las APIPS "porque ya se está pagando la Renta Básica de Inserción, RBI". Ésta, la RBI, es una ayuda de muy escasa cuantía, no compatible con actividad económica o prestación alguna, no constante en el tiempo (se limita a doce meses, y para volver a solicitarla han de pasar un mínimo de seis) y no orientada a la protección de familias con menores. Además, también esta ayuda (que es un derecho subjetivo de los murcianos desde la entrada en vigor de la ley regional 3/2007) es objeto a su vez de grave parálisis administrativa, con el retraso sine die de la publicación del reglamento que la estructure y el entorpecimiento burocrático en su tramitación que viene detectando la EAPN, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

EAPN considera contraria a toda norma ética, cuando no a su mandato constitucional, dadas las actuales circunstancias, la tendencia del Gobierno regional a suprimir ayudas, entorpecer la tramitación de las existentes y, en suma, desproteger aún más a los murcianos que por su clase más están sufriendo el impacto de la crisis. Tras seis años de retraso, el reglamento de la RBI debe ser publicado urgentemente, y las APIPS deben volver a tramitarse si la Administración no quiere ser acusada, con justicia, de dejación de funciones o de negligencia. No estamos hablando de cifras. Estamos hablando de personas.