El Gobierno regional y el Partido Popular tendrían que dar explicaciones sobre qué ha pasado con los alegatos lanzados a la población en aparente defensa del agua durante tantos años. El Partido Popular utilizó esta sensible cuestión para los murcianos como filón electoral; una estrategia que le ha reportado importantes réditos en las urnas.

Hasta no hace mucho tiempo, pocos murcianos ponían en tela de juicio que el principal defensor de la llegada de caudales a nuestra Región era el Partido Popular. Los ciudadanos así lo visualizaban: un PP que defendía los intereses del agua y que abanderaba la oposición a la desalación, demonizándola como medida complementaria para conseguir el líquido elemento ¿Se acuerdan del 'agua desmayada'?

Años de demagogia partidista y de desgaste político al adversario; años muy duros para los socialistas por la impotencia que produce la incomprensión y por el agotamiento debido a la confrontación permanente del Partido Popular con el Gobierno socialista de España, al que no daban tregua a pesar de su esfuerzo por paliar nuestro déficit y de las multimillonarias inversiones llevadas a cabo para garantizar el suministro sin cortes de agua en una época de sequía sin precedentes, así como para culminar la modernización de los regadíos regionales.

El fundamentalismo y la soberbia del PP les han permitido decir una cosa y hacer la contraria, sin dar explicaciones, sin asumir responsabilidades. Un ejemplo es la desaladora de Escombreras; un capricho del presidente que como en tantos otros proyectos se ha estrellado, multiplicando su coste inicial por cuatro, ahogando las cuentas regionales.

Quizá resulte incomprensible para muchos ciudadanos que a estas alturas el Partido Popular no haya dado aún ni explicaciones públicas ni cuentas a los ciudadanos sobre la desastrosa gestión de esta desaladora desde 2007.

Estamos hablando de la única planta desaladora responsabilidad de Valcárcel por la que vamos a pagar seiscientos millones de euros, más del doble de la de Torrevieja -la más grande de Europa- y más que todas las de la Cuenca del Segura juntas, pese a que aporta menos del 1% del consumo regional y que podía haberse obtenido de otras desaladoras como las de San Pedro del Pinatar o la de Valdelentisco, financiadas con dinero europeo, ahorrando a los murcianos esta terrible losa económica que el propio PP reconoce no podemos pagar.

¿Y cómo hemos conocido los datos? Lo que sabemos es gracias a un informe del Tribunal del Cuentas y a las auditorías reclamadas por el PSOE en la Asamblea Regional, en las que un bien pagado gerente cuenta que el agua la venden subvencionada al 95% para ser competitivos con la Mancomunidad del Taibilla. ¿Por qué no le compran el agua a la propia Mancomunidad o a la desaladora de Valdelentisco, que nos saldría muchísimo más barata?

Según la auditoría de 2011 se compra el agua a una empresa privada a 3,35 euros/m3, se vende a una pública a 10,28 y ésta la vende a sus 'clientes' (ACUAGEST y EMUASA) a 0,59 euros/m3. Como la desaladora sólo produjo poco más de un millón de metros cúbicos, se ingresaron poco más de 660.000 euros mientras que los gastos fueron 'sólo' de más de 11,6 millones euros, importe que pagamos todos los murcianos desde el presupuesto de la Comunidad. ¡Vaya negocio!

La increíble explicación del gerente es que se vieron obligados a buscar recursos porque se les 'negaba el agua' para los miles de viviendas proyectadas en los resorts. Enternecedor argumento, pero no es verdad: lo que se exigía es que antes de aprobar nuevas viviendas se especificaran los recursos hídricos con los que pensaban abastecerlas. Si alguna promoción inmobiliaria se ha dejado de hacer no ha sido por falta de agua sino por el estallido de la burbuja inmobiliaria que el PP cebaba a golpe de recalificaciones y convenios urbanísticos.

La realidad es que frente a los cortes de agua del PP en 2003, entre 2004-2007 tuvo lugar la primera sequía de la historia en la que no se cortó el suministro de agua potable ni un minuto. Los cortes de agua del PP ni siquiera se correspondieron con una sequía general sino sólo del río Taibilla. Eso puso de manifiesto la fragilidad del sistema, que el PSOE corrigió, porque los cortes de suministro se extendieron en 2003 entre los meses de agosto y noviembre y duraron entre ocho y doce horas. ¡Qué frágil es la memoria!

A estas alturas también cabe preguntarse cómo es posible que el Gobierno del Partido Popular, enemigo público número uno de la desalación, va a pagar por su planta, que no necesitamos, más del doble de lo que cuesta la más grande de Europa, la de Torrevieja. La infrautilizada desaladora de Escombreras es un auténtico fiasco, un despilfarro absoluto que aporta menos del 1% del consumo anual de la región.

La desastrosa gestión tiene responsables directos. Muchos millones de euros perdidos que se podrían destinar a la prestación de mejores servicios a los ciudadanos, beneficiando a todos los murcianos y no una gestión que beneficia exclusivamente a determinadas empresas privadas.

El Gobierno regional debería darnos explicaciones sobre este tema, porque más allá del agua estamos hablando de una mala gestión de fondos públicos, hecho que puede tener repercusiones que trascienden a la política.

Valcárcel sigue sin rendir cuentas sobre por qué los ciudadanos tienen que financiar una desaladora que no necesitamos y que nos arruina; únicamente porque en su día el presidente tuvo la 'necesidad' de echar un pulso al Gobierno socialista para regar los resorts fruto de su modelo especulativo, ese que tantos quebraderos de cabeza ahora nos trae.