Hasta 2013 los funcionarios teníamos reconocido el derecho a disfrutar de 6 días 'de libre disposición' adicionales a las vacaciones anuales, los conocidos popularmente como 'moscosos'. Estos días extras de vacaciones, que algunos desinformados, con toda su mala intención, intentan vendernos como "un privilegio más de la casta funcionarial", son un derecho adquirido que se disfruta desde 1983 y que responde a un acuerdo entre el entonces ministro de Presidencia Javier Moscoso (de ahí el nombre de 'moscosos') y la representación sindical de los funcionarios. La base del acuerdo era compensar mediante 'tiempo libre' la importante pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios derivada de la subida del IPC de ese año (un 12,2%), a cambio de no aumentar sus retribuciones en una cantidad equivalente que el Estado no podía asumir.
Era, por tanto, un 'pago en especie' como el que puedan tener otros muchos trabajadores y trabajadoras de este país que, por cierto, supuso en su momento un recorte importante para los funcionarios, ya que para compensar realmente ese 12,2% habrían sido necesarios unos treinta días libres y se quedaron en sólo seis.
Ahora, en aplicación del RD 20/2012 (el que también suprimía la extra de Navidad), el Gobierno nos aplica un nuevo recorte y reduce a tres los días de libre disposición a partir de este año. Es decir, primero nos reducen un 7% las retribuciones de 2012 suprimiendo la extra y ahora, el equivalente al 6,1% en pago en especie (la mitad de lo que teóricamente compensaban en 1983). Si le añadimos el recorte del 5% de Zapatero y las continuas congelaciones salariales, dan ganas de echarse al monte.
Y es que, por mucho que Montoro intente justificar la medida, dando datos económicos y asegurando que supondrá un ahorro estimado de más de 2.700 euros en dos años (1.351 euros en 2013 y 1.390 euros en 2014) "al no tener que cubrir ausencias con personal interino o contratado laboral", el ministro sabe que juega con los números, que realiza cálculos virtuales y que los resultados no son reales, toda vez que esas ausencias, como regla general, no generaban nuevas contrataciones. Luego, el ahorro real será insignificante y el daño a los funcionarios, importante.
Este paso de seis a tres días moscosos (descontando los 'tres días montorosos' que nos quitan) es un recorte de derechos que no tiene justificación lógica, salvo que se pretenda desprestigiar al funcionariado dando a entender que trabajaba poco (tenían demasiados días libres), confundir a la opinión pública (hablando de privilegios) y justificar otras medidas de recorte contra los empleados públicos (aumento de jornada, supresión de paga extra, etc.).
A mi juicio, un ministro inteligente y negociador, actuando sin prepotencia ni soberbia habría planteado lo contrario: si tenemos que recortar salarios (ahorro tangible), a cambio, les cedemos días libres para compensar la rebaja (voluntad negociadora). Si, además, tenemos en cuenta que esos días adicionales, por regla general, se gastan en Navidad y Semana Santa, adicionalmente, con esta medida, facilitamos la posibilidad de cerrar algunos edificios en fechas de menor actividad, con el consiguiente ahorro en el gasto corriente (luz, agua, calefacción, limpieza, etc.).
Ahora, que si lo que quieren es molestar, que sepan el señor ministro y compañía que lo han conseguido, pero sólo un poquito más, porque lo que realmente nos molesta a los funcionarios y funcionarias de este país, lo que nos saca de quicio, es la incompetencia, la demagogia barata, el populismo, y la prepotencia con que actúan algunos políticos, pero eso, ya es harina de otro costal.
