Hace justo un año, por estas mismas fechas, vísperas de los Reyes Magos -cuando éstos venían de Oriente y no como ahora, que ya sabemos a ciencia cierta que vienen del Oriente, pero de Andalucía-, escribía una artículo dedicado al rey Alberto. No al de Mónaco, que ni es rey ni es Alberto, sino al flamante entonces, criticado ahora, ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, para que nos trajera reformas en la Justicia que la hicieran funcionar si no bien al menos correctamente. Y la verdad es que me ha hecho caso en un cincuenta por ciento, porque reformas ha hecho, pero no para que la Justicia funcione mejor. Tasas judiciales, congelamiento de sueldos, permisos, pensiones, oposiciones, sustituciones, etc. ¡Dar ánimo e incentivar al personal es lo que ha conseguido con su método!. Y la última reforma ha ido dirigida al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Pretende que se despolitice para evitar suspicacias en el ciudadano, para que no le pase como al Tribunal Constitucional que, dicen, yo no lo creo, que está politizado.

Sus propuestas para conseguir esa despolitización se centran en tres puntos:

Primero. A partir de la reforma, los vocales del Consejo serán elegidos de la siguiente manera: la mitad por las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, y dicen que de tendencia conservadora; Justicia Democrática, la que le sigue en afiliados, que dicen que es de izquierdas, y dos más de las que no sé su tendencia, la de Francisco de Vitoria y la del Foro Judicial Independiente), y la otra mitad será elegida por el Congreso y el Senado entre las propuestas con las firmas de al menos veinticinco magistrados de entre los que no pertenezcan a ninguna asociación judicial. Aquí me incluyo yo, y voy a empezar a hacer campaña para conseguir al menos veinticinco firmas de compañeros (pocas son, pero no me atrevo a decir que las conseguiré) con tal que se oiga mi nombre en la Carrera de San Jerónimo. Voy a hacer un programa que ni la mismísima Princesa del Pueblo y Karmele Marchante al alimón podrían imaginar. Mi propuesta estrella va a consistir en que a partir de ahora todas las sentencias las va a dictar el pueblo español a través del exitoso actual sistema de jurado popular. Total, si después no cumplo mi programa me van a reelegir igual, con tal de que eche la culpa al anterior Consejo General del Poder judicial o a Europa. Lo dicho, compañeros, si os llega esta onda, votadme.

Segundo: La potestad reglamentaria del Consejo se limitará, en materia como sueldos, vacaciones, sustituciones o refuerzos, que pasará a ser competencia exclusiva del ministerio. Lo más lógico para despolitizar el mencionado órgano.

Tercero: La gestión de sus presupuestos, más de sesenta millones de euros, ya no va a ser tampoco del Consejo, sino del Gobierno. Ahora sí tengo claro que se despolitiza el órgano.

Pero lo que ya me convence del todo es que uno de los argumentos de la reforma consiste en que el Consejo va a salir más barato, porque sólo el presidente y seis consejeros tendrán dedicación exclusiva.

Que la Justicia funcione mejor y que los jueces sean no sólo independientes sino que también lo parezcan, para qué. Pecata minuta.