El Tribunal Supremo ha sentenciado la inhabilitación, por un periodo de cinco años para ocupar los cargos de alcalde y concejal del hasta la semana pasada alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, al quedar demostrado que cometió un delito electoral en las elecciones municipales del 2003 con la compra de votos, ofreciendo a cambio puestos de trabajo y otras ayudas económicas. Es decir, para cualquier demócrata este señor cometió el delito más repulsivo en un político: intentar, y conseguir al parecer, el triunfo electoral, valiéndose de la necesidad de los ciudadanos.

Hasta llegar a esta última y definitiva sentencia este caso ha recorrido un largo camino judicial, que alcanza su final con la confirmación de la condena impuesta al exalcalde de Fortuna por un delito electoral porque, tal y como sentenció anteriormente la Audiencia de Murcia, «se gestionó el voto por correo de varios vecinos a cambio de ofrecerles trabajo en el Ayuntamiento u otras ayudas, como vales para comida».

Según definición legislativa «el Tribunal Supremo es un órgano de la justicia único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social) salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional». Es decir, «el Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en todos los casos y sus decisiones sólo pueden ser dejadas sin efecto cuando el Constitucional encuentra lesión de los derechos y libertades constitucionales. En todos los demás casos, no es posible apelar o recurrir una decisión firme del Tribunal Supremo».

Queda, pues, meridianamente claro para cualquier ser racional que este es el final del camino, y que no hay otra salida que acatar sus decisiones. Aunque en política no se tendría que esperar tanto porque las resoluciones de otros tribunales ya crean la suficiente alarma social como para seguir manteniendo el escándalo a lo largo del tiempo. Algo que no parece comprender la portavoz del PP regional, Laura Muñoz, quien en un enrevesado discurso al más puro estilo de ´la parte contratando de la primera parte´, nos viene a decir que sí, pero no, que se acepta la resolución, pero menos, que el PP respeta las sentencias pero después de marear la perdiz durante largo tiempo, con cosas como «el PP de la Región de Murcia y sus militantes cumplen con la Justicia, como ha quedado patente», y que «defiende la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario», por lo que «respetamos la decisión del Tribunal Supremo en relación al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo», para finalizar diciendo que «el PP muestra su respeto a la Justicia y acepta la baja de Carrillo como militante del partido, siguiendo los tiempos oportunos».

Pues mire, no; los tiempos no son los oportunos porque ya hace mucho que la Justicia se pronunció al respeto y, por parte del PP, no se reflejó ningún respeto hacia ella. Ha sido cuando se llegó al más alto tribunal, después de largo tiempo de desprestigio público, cuando se decide la dimisión del alcalde, porque no queda otra salida.

Suponemos que ser portavoz no debe de ser nada fácil, sobre todo cuando se trata de asuntos tan difícilmente defendibles, pero dar todo un tratado de respeto a la Justicia cuando se ha estado haciendo caso omiso a ella difícilmente cuela.