Contribuyentes iguales pagan impuestos diferentes. Un matrimonio asturiano con una hija de cuatro años y un hijo de ocho meses, una hipoteca e ingresos inferiores a 43.000 euros desembolsa por IRPF casi 3.000 euros más que un leonés. Si aquél compra un piso de 450.000 euros con un préstamo de 300.000 tributa 13.000 euros más que un canario. Las Comunidades autónomas han creado un disperso y confuso bosque normativo que genera discriminaciones. El contrato social de cualquier nación moderna se basa en la equidad y la justicia para con sus ciudadanos. Si no queremos retroceder a los tiempos bárbaros de pernadas y prebendas, necesitamos una fiscalidad para diecisiete autonomías no diecisiete fiscalidades en un Estado.
Quizá los españoles son iguales ante la ley pero cada vez son más diferentes ante Hacienda. Un riojano que gane más de 53.000 euros al mes verá como su impuesto sobre la renta, el IRPF, se reduce un 1%. Un andaluz, un catalán, un extremeño o un cántabro pagarán en cambio entre un 2% y un 4% más. Hay Comunidades que consideran rico a quien obtiene ganancias superiores a los 60.000 euros. Para otras ese estatus sólo se adquiere a partir de los 100.00 euros. Un vasco no tributará nada al recibir una herencia. Un gallego tendrá que desembolsar entre el 5% y el 18% de lo percibido. Y, en fin, quien animado por la caída de precios decida adquirir un piso de segunda mano mejor que lo busque en Pamplona que en Oviedo. Un navarro rendirá al erario público el 4%; un asturiano justo el doble, un 8%.
La fiscalidad se está convirtiendo en un verdadero galimatías con tantas variables locales, ahora acrecentadas por la necesidad de recaudar ante la crisis. Los asesores fiscales los vienen denunciando: «Cada vez existe una mayor dificultad para conocer la legislación autonómica aplicable debido a las modificaciones. Los cambios impiden que se consoliden criterios interpretativos doctrinales o jurisprudenciales».
En asuntos económicos, el comportamiento de las Comunidades siempre ha sido fariseo. La ley de financiación está pensada para hacerlas corresponsables de los ingresos. Por eso las dota de capacidad normativa para crear tributos propios o retocar los estatales. Como hay total libertad en el gasto, quien anhele lujos o persiga dispendios en la prestación de servicios, que los pague de su bolsillo. Es una filosofía impecable pero también incómoda: invertir resulta popular, recaudar más bien lo contrario.
El Estado recauda, las Comunidades gastan. Enfrascadas en una carrera de derroches, algunos disparatados, por convertirse en una réplica a escala del Estado y recelosas de exigir esfuerzos a sus contribuyentes, las Comunidades empezaron por acudir a las ubres de la casa común. Cada una según sus peso político, directamente proporcional a la capacidad para extorsionar al Gobierno. Las hubo, como es el caso de la Región de Murcia y de otras, que rebajaron impuestos con una mano e hipócritamente exigieron con la otra más dinero al presidente español de turno, envueltas en la bandera de mil históricas ofensas. Como a la fuerza ahorcan, la necesidad de generar recursos ablandó el inmovilismo fiscal autonómico y desarrolló la imaginación hasta convertir el panorama en una selva.
Los asturianos, y no el resto de los españoles, sufren desde hace mucho un recargo en la gasolina o en el consumo de agua para sostener la Sanidad y el saneamiento. Hay Comunidades en que los grandes comercios también apoquinan un impuesto especial, inédito en otros lares, por el hecho de implantarse en un determinado territorio, casos sometidos a recurso judicial. Los murcianos recargamos los premios del bingo. En Andalucía tributan las tierras infrautilizadas. En Extremadura hay un impuesto por la caza y otro por las cuentas bancarias. Y en otras Comunidades ya piensan en una ecotasa para hacer cotizar a las empresas energéticas y de telecomunicaciones por cada torre, aerogenerador, poste, antena y kilómetro de cable que tiendan.
Hay economistas que sostienen que toda esta diversidad es más aparente que efectiva. Si las regiones ingresan 84.000 millones de euros cedidos de los grandes impuestos, con los propios inventados apenas obtienen 1.100 millones. Lo importante no es tanto el montante como que estas vías se están convirtiendo en una puerta abierta a la desigualdad. Se empieza así y se acaba por reclamar las excepcionalidades de un régimen foral a la vasca o a la navarra, el privilegio más oneroso que se da hoy en España.
El dinero no llueve del cielo. Falta pedagogía. Todo estudiante desea la mejor educación, todo automovilistas conduce más tranquilo en autopistas iluminadas, todo enfermo suspira por hospitales avanzados. Eso no llueve del cielo, ni de Bruselas, ni de un jeque árabe. De los impuestos sale lo necesario para costear el Estado del Bienestar y los despilfarros a los que los gobernantes nos tienen acostumbrados. Pero como no nos lo creemos, no le damos importancia.
Acabar con el fraude. Y falta también, para rentabilizar al máximo los recursos, la voluntad de acabar con el fraude. Casi el 95% de la renta declarada en el IRPF ha sido retenida previamente. Lo no retenido no se declara, lo que prueba una evidencia: los asalariados nutren al fisco. Si cunde la idea de que sólo se gravan ciertas rentas, las de la clase media, se erosiona el valor de los impuestos y se deslegitima a los políticos que los recaudan. No se puede pedir más a quien ya está pagando demasiado cuando a otros, los pudientes, les sale gratis engañar al sistema.
Uno de los más ilustres hacendistas nacionales, Álvaro Flórez Estrada, ya aportó ideas a este debate: «El único medio de aumentar considerablemente la renta del Estado, haciendo al propio tiempo menos insoportable el gravamen del contribuyente, es desembarazar la producción de las muchas trabas que la retardan, y sin el auxilio de la economía jamás se establecerá un sistema de impuestos que, a la par de no contrariar los progresos de la industria, sea suficiente a cubrir con desahogo las cargas de la nación». Lástima que casi doscientos años después todavía andemos en las mismas y no haya cundido el mensaje.
