Moncloa espera encauzar la crisis con Sumar tras las europeas pero teme que "mire por el retrovisor" a Podemos

La coalición de Gobierno afrontó esta semana, a las puertas de la campaña de las europeas, su momento más crítico desde la conformación del Ejecutivo hace medio año. El grupo parlamentario de Sumar se posicionó en contra de la ley del suelo que había pasado antes por el Consejo de Ministros. Su rechazo, unido a la amenaza del PP de no acudir al rescate del Gobierno, obligó a la ministra de Vivienda a retirar la norma antes de someterla a votación. En las horas previas, la parte socialista de la coalición no escondía su cabreo por lo que tildaron como una falta de lealtad de sus socios. Uno de los ministros del núcleo duro del presidente del Gobierno incluso alerta sobre que “no había llegado a pasar eso nunca” con Unidas Podemos. Sus anteriores socios y quienes presuponen una actitud menos constructiva que el espacio liderado por Yolanda Díaz. Esto es, boicotear una norma salida directamente del Gobierno.

Apenas 48 horas antes de retirar la norma para no sufrir una derrota parlamentaria, Sumar dejó solos a los socialistas en su ley contra el proxenetismo. Se trataba de una iniciativa del grupo parlamentario socialista, pero igualmente visibilizó una división en el seno del Gobierno en materia de Igualdad, al estar presente durante el debate y defender la medida la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Las políticas feministas fueron un constante foco de conflicto en la pasada legislatura entre morados y socialistas, cuando este departamento estaba en manos de la dirigente de Podemos y ahora su cabeza de lista a las elecciones europeas, Irene Montero.

El bloqueo en el Congreso aleja la estabilidad de la legislatura y avisa a Sánchez para los Presupuestos

Desde Moncloa señalan con preocupación que las decisiones de Sumar estén comenzando a estar condicionadas por los morados. “Se miran unos a otros por el retrovisor”, reprocha uno de los colaboradores de Pedro Sánchez para explicar la posición de los de Yolanda Díaz.

Esta pugna por el espacio a la izquierda del PSOE entre Sumar y Podemos, optando los primeros por marcar perfil dentro de la coalición, añade más inestabilidad a una legislatura ya de por sí compleja por la minoría parlamentaria del Gobierno. El Gobierno depende de todos sus socios de investidura para sacar adelante su agenda legislativa, que no acaba de desplegarse, y está obligado a hacer equilibrios.

Rivalidades en el bloque de investidura

A la competición entre Sumar y Podemos, se añade la que mantienen EH Bildu y PNV, por un lado, y ERC y Junts, por otro. En el Gobierno, además, están a la espera de qué rumbo siguen los independentistas catalanes si, como esperan, se produce una investidura del socialista Salvador Illa como 'president' de la Generalitat, y cómo resuelven sus debates orgánicos. No será hasta “ver cómo respiran” tras estos procesos cuando retomen las negociaciones para los Presupuestos.

En la parte socialista de Gobierno atribuyen los últimos choques con sus socios de coalición al contexto electoral de las europeas. Los socialistas tratan de aglutinar el voto del bloque progresista para recortar distancias con el PP y de ahí que Sumar trate de diferenciarse y marcar perfil de izquierdas. No en vano, desde el espacio liderado por Yolanda Díaz calificaron la decisión de retirarse la reforma de la ley del suelo como una “victoria de la izquierda”.

Agenda legislativa tras el 9J

El PSOE confía así en encauzar sus relaciones con Sumar después del 9J. Tras hacer control de daños por el varapalo parlamentario sufrido esta semana los socialistas han pasado del cabreo inicial a intentar rebajar la amenaza de bloqueo legislativo. Tanto porque sus socios de coalición normalizarán las relaciones cuando se supere este semestre electoral, como por su confianza en que los independentistas asumirán la realidad de las urnas con el mensaje de “pasar página” del ‘procés’. De hecho, señalan que reactivarán la agenda antes de verano.

La siguiente gran reforma que se llevará al Congreso será la de extranjería, para el reparto a las comunidades autónomas de los menores migrantes que llegan a las costas canarias. Una iniciativa que se prevé presentar conjuntamente con Sumar y para la que esperan el apoyo del PP. Es más, no se esperan dar pasos en la norma pactada con el gobierno canario, del que forman parte los populares en el bipartito liderado por Coalición Canaria, si es con la “firma” del principal partido de la oposición. Y es que una reforma de este calado precisa de un amplio consenso, también con las comunidades autonómicas.