El presidente del CGPJ insiste en su propuesta de limitar los nombramientos antes de dejar el cargo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sustitución, Vicente Guilarte, ha puesto voz a la sensación de desánimo que impera en el órgano de gobierno de los jueces ante la perspectiva de que ni con la intermediación de la Comisión Europea el PP y el PSOE sean capaces de alcanzar un acuerdo para proceder a renovar a los vocales, cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años.

Este jueves Guilarte anunció en la comisión permanente que él no estaría al frente del Consejo en agosto. Cuando los vocales trataban de poner fecha a las próximas reuniones y, en concreto, a la reunión que esta comisión celebrará el mes inhábil en el mundo judicial, el presidente señaló que la pusieran cuando consideraran porque para entonces él "no tenía intención de seguir" por ahí. No es la primera vez que lo dice, porque siempre ha sostenido que aceptó el cargo para contribuir a su renovación, pero que si esta no se produce, deja de tener sentido continuar en él.

Antes de retirarse efectivamente, momento para el que se negó a concretar una fecha en una entrevista que concedió a Onda Cero, insistirá en su propuesta de "limitar la discrecionalidad" a la hora de elegir a la cúpula judicial, que supone una limitación de las competencias del Consejo, al dejar en manos de los jueces ciertos nombramientos, al estilo de como se eligen hoy día los jueces decanos. Afirmó que a partir del lunes remitirá su propuesta, con los cambios legales necesarios, a las Cortes, a los partidos y a las asociaciones judiciales, pero admitió que no sabía qué opinaban de ella sus propios compañeros dentro del Consejo.

"Mi papel está deteriorado. No pinto mucho. Percibo que dentro del CGPJ tampoco tengo muchos apoyos, mis ideas tampoco son las de permanencia de algunos. De lo que hay que hablar es de buscar fórmulas para renovar y me pondré desde el lunes. Hay que buscar fórmulas para renovar sin vencedores ni vencidos", con vías intermedias en lugar de "las dos que se juntarían al infinito", explicó en referencia a las propuestas que mantienen el PSOE y el PP. El primero exige la renovación sin reformar la ley actual, que obliga a buscar la mayoría de tres quintos de las Cámaras, mientras que el segundo se obceca en exigir la modificación de la norma para que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de extracción judicial.

Reynders afirma que el PSOE y el PP están "muy cerca" de un pacto sobre el CGPJ y sólo falta la señal de "cuándo"

Guilarte, el tercer presidente que tiene el órgano de gobierno de los jueces desde que entró en funciones, admitió que "su propuesta ya es conocida", pero "está bastante pensada". "Apoyo a los jueces todo lo que puedo, lo que trato es de que el nuevo sistema sirva, no a la política, sino a la independencia judicial. Esto es insostenible", lamentó.

Recordó que este jueves hay 122 nombramientos pendientes, y expresó su temor a que "con un consejo que se elija por los partidos con una exigencia de fidelidad política", esta se traslade a los cargos pendientes de nombramiento. Eso "será dramático para el futuro del poder judicial a mi juicio", aseveró.

En descomposición

Las palabras de Vicente Guilarte, que fue elegido presidente por ser el vocal de más edad tras la jubilación de Rafael Mozo, que sustituyó a Carlos Lesmes cuando renunció a la presidencia para tratar de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, llevaron al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a calificar de "muy grave" y "muy seria" la situación que se vive en la justicia por la falta de renovación del Consejo.

Según el ministro, "el CGPJ no solo está caducado, sino en proceso de descomposición", lo que ha motivado "un clamor" en el mundo de la justicia para instar a la renovación. Como ejemplo puso los comunicados con los que este jueves la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces y Juezas para la Democracia reclamaron la renovación urgente del Consejo, que debía haberse producido en diciembre de 2018.

Bolaños recordó que entre las dos asociaciones (la primera y la cuarta en número de asociados) suman dos tercios de los jueces que militan en alguna y señaló que se había acudido a la intermediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, por exigencia del PP para volverse a sentar a negociar, sin que parezca que vaya a servir de nada. Aseguró que esta situación supone una sobrecarga de trabajo para jueces y fiscales y un sobrecoste de 12 millones de euros en planes de refuerzo.