Francisco Granados y el exgerente del PP de Madrid serán juzgados por delito electoral en las autonómicas de 2011

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto juicio oral de la pieza del caso Púnica abierta por presunto delito electoral, en su modalidad de falseamiento de cuentas, en las elecciones autonómicas del año 2011, hechos por los que serán juzgados, entre otros, el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Anticorrupción pide para 3 años de prisión para el primero y tres años y medio para el segundo por "la presunta concertación con compañías de publicidad 'afines' el encargo de actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad con la normativa del proceso electoral (...), ocultados a la Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid, en relación a la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid del año 2011".

En el caso de Granados le suma 10 meses más de prisión por un delito de tráfico de influencias en concurso real con un delito de malversación por la Casa de Madrid en Argentina, que si bien no formó nunca parte de la organización administrativa de la Comunidad de Madrid, se constituyó con su apoyo económico. También responderá por un delito de prevaricación.

El magistrado ha rechazado la petición de la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócartas por Europa (Adade) de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados autonómicos de la formación que resultaron electos, para los que proponía la imposición de responsabilidades civiles.

La apertura de juicio oral también se dirige, pero en su caso por trabajos de reputación online para cargos del PP, contra la que era directora de comunicación de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y otros cinco imputados: Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora Borobia y José Martínez Nicolás.

El auto descarta abrir juicio oral contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, porque la causa en su contra fue sobreseída en octubre de 2022, decisión que confirmó la Sala de lo Penal de la Audiencia en noviembre.

Adade entendía que los candidatos del PP se vieron beneficiados por el exceso de gasto electoral que pudo permitirse el partido y de su ocultación, pero el juez considera que la responsabilidad civil que la acusación pretendía que se les impusiera a todos ellos "no puede prosperar en este punto del procedimiento, después de una prolongada instrucción, sin mayor grado de concreción en cuanto a cada uno de los supuestos partícipes enumerados".

Aguirre ya fuera

A una conclusión similar llega el juez respecto de la petición de la Fiscalía de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González por las campañas de 2008 a 2011.

García Castellón explica que su decisión es congruente con el criterio seguido en el auto de apertura de juicio oral dictado en otra de las piezas del caso, cuando se resolvió una petición idéntica de la acusación popular personada en nombre de Adade y el PSOE y que no fue apelada por ninguna de las partes personadas, por lo que adquirió firmeza.

"Entiende este magistrado que la sujeción de las partes a este criterio exige ser coherente, manteniendo la misma posición en esta resolución. En consecuencia, se desestiman las solicitudes de responsabilidades a título lucrativo", concluye.