La Fiscalía Europea abre investigación sobre los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares con la 'trama Koldo'

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.

Lo ha hecho, según señala un comunicado emitido por el propio organismo, tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados".

El particular no es otro que Alfonso Serrano, actual secretario general del PP en Madrid, según detalla un decreto de la propia Fiscalía, obrante en el sumario al que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica. Serrano firmó también la denuncia más amplia sobre esta operación en Transportes y otras relacionadas con cargos socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción, dando origen al procedimento que hoy se instruye en la Audiencia Nacional.

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Su denuncia ante la Fiscalía Europea llegó el 20 de junio de 2022 y se comenzaron a tramitar diferentes gestiones. El pasado 29 de enero, el órgano europeo se dirigió al juez instructor del caso, Ismael Moreno, solicitando información sobre la causa 65/2023, que es la que investiga en España este asunto.

Solicitaban expresamente al Juzgado Central de Instrucción número 2 información sobre "los hechos investigados y posibles delitos debiendo adjuntar copia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.".

No obstante, como ya informo este diario, la Fiscalía cuya jefatura ostenta Alejandro Luzón ya había remitido el pasado 8 de junio a sus homólogos del órgano europeo las actuaciones que consideraban que podrían ser constitutivas de un fraude en los fondos europeos, delito para el que son competentes.

Se trató de una actitud muy diferente a la que se siguió con los contratos firmados por el hermano de Ayuso, en los que las dos fiscalías pugnaron por la investigación y acabaron abriendo diligencias de forma independiente, aunque las dos terminaron siendo archivadasque

La apertura de diligencias en Europa se realiza, según informa este organismo, tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado de la Audiencia Nacional. Según ha precisado, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.

"Con base en la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", ha señalado. La nota no precisa si ya figuran personas o empresas investigadas por dichos delitos o si de momento solo investiga hechos.

Fondos utilizados

En el decreto en el que se dirigía a la Audiencia Nacional ya se daba cuenta de diversos datos aportados por la Secretaría General de Fondos Europeos en agosto de 2022 con respecto a empresa que obtuvo el pelotazo ahora investigado, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.

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Se decía expresamente si bien no constaba ningún contrato COVID declarado en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 cuyo importe coincidiera los importes señalados, si podrían haberse utilizado los Programas Operativos FEDER Illes Baleares 2014-2020 e Islas Canarias 2014-2020, relacionando los contratos a que se referían. Se acordó entonces "realizar comprobaciones en fuentes abiertas" y, en particular, en el portal de contratación del Estado sobre las condiciones de contratación relacionadas.

Pagos por ADIF

En cuanto a la información solicitada por a Anticorrupción, el documento de la Fiscalía Europea se refiere a una orden del pasado mes de marzo referida a una adquisición de material sanitario que financia ADIF. Se alude concretamente a "una certificación del director general financiero y de control de gestión de ADIF indicando que la entidad dispone de presupuesto suficiente para el pago de la partida.

En el anuncio de adjudicación del contrato, de 25 de mayo de 2020, se indica expresamente: ‟el contrato refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí; identificación del proyecto: Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020”.

Sin embargo, a fecha del pasado 29 de enero la Fiscalía Europea aseguraba al juez Moreno que no había tenido acceso a dicho informe "del que solo se conoce la remisión al mismo que se hace en el mencionado decreto" de Anticorrupción.

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Cinco contratos por 16 millones

El material remitido por Anticorrupcíón a la Fiscalía Europea incluye cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.