El PP se querellará por prevaricación contra García Ortiz por el ascenso de Dolores Delgado

Después de un fin de semana en el que el PP ha reconocido sus conversaciones con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que le concedería un indulto, a cambio de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, la semana ha comenzado con el anuncio de que interpondrá una querella por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el nombramiento de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala, informaron fuentes del PP.

Se basa para ello en una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de noviembre en el que se anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría fiscal como fiscal togada, un cargo previo al actual, que es de fiscal de Sala de Memoria Democrática. La promoción a la cúpula fiscal fue anulada por el alto tribunal al considerar que García Ortiz cometió una "desviación de poder" al nombrarla, porque no lo hizo por las razones previstas en la ley, sino porque entendía que existía una laguna legal al no estar previsto de forma automática para los fiscales generales.

Ahora el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo va un paso más allá y considera que "esa desviación de poder declarada en el ámbito administrativo" por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo "puede conllevar además un delito de prevaricación", previsto en el artículo 404 del Código Penal.

Aunque la querella no vaya por esos derroteros, dichas fuentes hacen hincapié en que "la exministra ha sido acusada recientemente por un fiscal anticorrupción de apartarle de investigaciones relevantes por el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que a su vez fue apartado de la carrera judicial por una instrucción fuera de ordenamiento y contra los intereses del Partido Popular", en referencia al caso Gürtel, donde se declaró probado que las distintas administraciones controladas por el PP habían beneficiado a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones. 

Desde el PP, no obstante, se recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró fiscal general a la que había sido su ministra de Justicia la legislatura anterior y que, cuando ella renunció al puesto, fue asumido por su mano derecha en el ministerio público, Álvaro García Ortiz. Se insiste en que ha recibido "el reproche de sus compañeros y un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de una asociación de fiscales", la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que le tachaban de "apéndice del Gobierno".

El PP va más allá y le acusa de "ejercer como el ministro número 23 de Pedro Sánchez porque así se lo exige el presidente del Gobierno". E insiste en viejos mantras como que participó en actos de campaña del PSOE en Galicia contra Alberto Núñez Feijóo, pese a que se trataba de unas jornadas del ministerio público sobre incendios, en las que participó como especialista en Medio Ambiente.

A partir de ahí, el partido de Núñez Feijóo, principal responsable de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha doblado su mandato en funciones, aprovecha para poner en duda la imparcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional, porque en su composición actual, a diferencia de en las anteriores, hay una amplia mayoría progresista