Tribunales

El juicio a Eduardo Zaplana en el aire por la enfermedad de su abogado

La sala debe decidir cuánto tiempo retrasa el juicio para garantizar la defensa del exministro

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, en una de sus comparecencias en el juzgado de guardia de València.

Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, en una de sus comparecencias en el juzgado de guardia de València. / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Laura Ballester

El juicio del caso Erial en el que se juzgará a los expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, junto a trece personas más, está en el aire debido a la enfermedad del abogado del también exministro de Trabajo, que ha tenido que ser intervenido de urgencia. El imprevisto personal deja en el aire el inicio del juicio previsto para el próximo 1 de febrero y que iba a prolongarse hasta el próximo mes de junio.

La defensa del exministro comunicó el problema médico sobrevenido a la sección cuarta de la Audiencia de València, según ha adelantado Las Provincias, así como la intervención a la que debía someterse. Los tres magistrados que presidirán el juicio aún no se habían pronunciado sobre qué sucederá el 1 de febrero con las sesiones que deben iniciarse ese día.

Será el segundo retraso que sufre este juicio, ya que a principios de noviembre, la sección cuarta de la Audiencia de València notificó el retraso de un mes en el inicio del juicio, que debía haber comenzado el 9 de enero, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al demorarse la baja laboral del representante del Ministerio Público que ha investigado la causa. La sala decidió demorar del 9 de enero al 1 de febrero el inicio de las vistas que deben celebrarse en la sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia, donde se celebran los juicios de las macrocausas con un número elevado de procesados.

El caso Erial hace ahora justo un año que recayó en la sección cuarta de la Audiencia de València, tras finalizar la instrucción en el Juzgado de Instrucción 8 de València, que investigó durante seis años, junto a la Fiscalía Anticorrupción, el presunto pago de mordidas a Zaplana y su círculo cercano de confianza por las adjudicaciones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico.