El Gobierno prorrogará la suspensión de los desahucios en el decreto anticrisis a final de año

Los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional seguirán suspendidos durante el primer semestre del próximo año. La medida incluida en el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania, que expira el 31 de diciembre, será prorrogada, según confirman fuentes de Moncloa a El Periódico de España. La intención del Ejecutivo de coalición pasa por vincular a las comunidades autónomas en la gestión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, pero sin que este objetivo implique levantar la medida.

La ley de vivienda ya recogía en su articulado la necesidad de “dar respuesta y acompañamiento, en coordinación con los servicios sociales y entidades del tercer sector, a las personas y familias con menos recursos, evitando desahucios en situaciones de vulnerabilidad, y estableciendo protocolos de colaboración entre las Administraciones Públicas y las entidades privadas gestoras de vivienda”. Sin embargo, hasta que no se articulen estos mecanismos con la implicación tanto del Gobierno como de las CCAA se prorrogará igualmente la suspensión de los desahucios.

La medida estaba acompañada de la posibilidad de solicitar una compensación por parte del arrendador o propietario. Asimismo, la ley de vivienda incluye que en materia de alquileres, los contratos vinculados al IPC estarán limitados durante 2024 a una subida del 3%, siempre que las partes no hagan un acuerdo alternativo.

Sánchez anuncia transporte público gratuito para niños, jóvenes y parados y la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos

Los diferentes ministerios están trabajando en las medidas del decreto sobre las que son competentes en coordinación directa con los ministerios económicos. Los objetivos de déficit y deuda, según reconocen desde el Gobierno, serán determinantes para la decisión final sobre las medidas que se prorrogarán y cuáles no. La última prórroga del decreto movilizó un total de 3.800 millones en este segundo semestre del año.

Reducción del déficit público

La vuelta de las reglas fiscales obliga al Ejecutivo a levantar algunas de las ayudas establecidas en el plan antiinflación, como también ha reclamado Bruselas para ajustarse a los objetivos. Este mismo lunes, el ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se expondrán los objetivos de estabilidad que acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El Gobierno confía en sacar adelante las Cuentas públicas en el primer trimestre y avanza que si el PP veta en el Senado los objetivos de estabilidad tienen “seguridad jurídica para hacer los Presupuestos”. Una de las cuestiones que se debatirá en el encuentro de este lunes porque desde el Gobierno remarcan que sin objetivos de estabilidad no hay Presupuestos Generales del Estado y sin estos tampoco los hay en las comunidades autónomas.

Alimentos y transporte

El presidente del Gobierno ya anunció en su discurso de investidura que se prorrogará la rebaja del IVA a determinados alimentos por el encarecimiento de la cesta de la compra. Esto es, la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) y de la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta.

Sánchez avanzó también un compromiso sobre la gratuidad del transporte público para jóvenes y parados, que se sumara a la prórroga de la rebaja del precio de los abonos de transporte en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El objetivo pasa por caminar hacia una política en la que el transporte público gratuito se consolide hasta acabar convirtiéndose en permanente.

Entre las medidas que están en el aire y son más susceptibles de ser retiradas se encuentran la rebaja del IVA en la factura de la luz, las subvenciones al combustible para los profesionales (transporte, ganadería y agricultura) o las ayudas directas a diferentes sectores.

La intención es que este decreto incluya otros asuntos que el Gobierno quiere aprobar antes de finalizar el año, como el caso de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del sueldo de los funcionarios o la reforma del subsidio por desempleo. Esta última reforma está comprometida con Bruselas, ya fuera de plazo, y de ella depende el siguiente desembolso millonario de los fondos de recuperación. Sin embargo, hay un choque entre los socios de Gobierno y sigue sin ultimarse por las diferencias entre el ministerio de Economía y el de Trabajo en cuanto a su duración, alcance o compatibilidad.