El Consejo del Poder Judicial dobla mandato en choque directo con el Gobierno de Sánchez

Este lunes 16 de los 20 vocales que fueron designados en diciembre de 2013 para integrar el Consejo General del Poder Judicial cumplen 10 años en el puesto, lo que supone doblar de forma inédita el mandato de cinco años por el que en su día fueron elegidos por el Parlamento para cumplir esta función. A día de hoy, y ante la incapacidad del PSOE y el PP de pactar una renovación, la realidad es que el órgano está integrado por una mayoría de miembros conservadores -reflejo de una legislatura bajo presidencia de Mariano Rajoy- que se han colocado en una situación de choque directo con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Por el camino se ha quedado Carlos Lesmes, el presidente pactado por PSOE y PP que 16 de ellos apoyaron para ponerse al frente de este órgano y del Tribunal Supremo el 10 de diciembre de 2013. Casi nueve años después, en octubre de 2022, presentó su dimisión ante una situación de anomalía institucional sin precedentes por la falta de renovación, lo que aceleró la desintegración de un órgano que entre fallecimientos (Victoria Cinto), jubilaciones (Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde) y dimisiones (Concepción Sáez), ha tenido como consecuencia la pérdida de cuatro integrantes que no pueden ser sustituidos.

Precisamente hay quien ve en la ausencia de Lesmes la pérdida de un activo de moderación con suficiente autoridad que hubiera frenado o al menos reconducido las últimas actuaciones del Consejo que lo sitúan en un enfrentamiento directo con el Gobierno de Sánchez: la celebración de un pleno para criticar sin ambages una ley que aún no ha entrado en vigor, la de la amnistía, y negar la idoneidad de Álvaro García como fiscal general, pese a que la concedieron hace año y medio, en un pleno en que el visto bueno se adoptó por la mínima.

Y todo ello con el lastre de no poder hacer nombramientos, lo que día a día aumenta irremediablemente las vacantes que se producen en el Tribunal Supremo. Paradójicamente, el cambio legislativo que impide al órgano de Gobierno de los jueces hacer nombramientos con el mandato caducado se produjo justo cuando los que se estaban realizando rozaban la unanimidad de sus miembros, signo de que las dos sensibilidades presentes en el órgano habían dejado a un lado sus intereses partidistas para elegir a la cúpula judicial por méritos.

Ahora las cosas son muy distintas. Ha cundido el desánimo entre los vocales que cada vez ven más lejano un acuerdo entre PP y PSOE para proceder a la renovación y las posturas se han radicalizado.

Frente al 'lawfare'

Las dos sensibilidades solo se volvieron a unir contra la inclusión del término lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha propiciado la investidura de Pedro Sánchez. El mismo día en el que el texto fue conocido, el pasado 9 de noviembre, se celebró una reunión de urgencia de su Comisión Permanente que manifestó su expreso "repudio" a dicha alusión en el texto hecho público por los partidos. Y volvieron a distanciarse cuando se conoció la proposición de ley de amnistía y el pleno que los conservadores forzaron a realizar, en el que salió adelante una nueva crítica al Gobierno.

Las manifestaciones públicas han tenido continuidad en la figura del actual presidente suplente -lo es el vocal de más edad- Vicente Guilarte, quien el pasado viernes manifestó durante la clausura de un congreso de la asociación mayoritaria de jueces en Bilbao que cuando se habla de lawfare lo que se está "imputando" es "prevaricación judicial". Como consecuencia, llamó a "rebelarse todos" si en algún momento, se cita a declarar a algún juez en una comisión parlamentaria porque es una "línea absolutamente roja".

Quejas ante Europa

A todo eso se suma que el Consejo General del Poder Judicial ha acudido de forma reiterada ante la Comisión Europea para denunciar tanto el bloqueo que mantiene el órgano sin renovar como determinados movimientos de los partidos que sustentan el Gobierno y que, a juicio de los vocales del sector mayoritario, suponen "graves episodios de ataque al Estado de Derecho". 

Con estos términos se expresó el órgano de gobierno de los jueces frente a los responsables europeos de Justicia tan solo un día después de hacerse público el acuerdo de investidura, a lo que se añadió un último comunicado el pasado día 24 tras conocerse que la formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había presentado una querella en el Tribunal Supremo contra Guilarte y los vocales conservadores por prevaricación, por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa al celebrar un pleno extraordinario sobre la amnistía.

La oportunidad de Bolaños

Con todos estos mimbres, el nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, enfrenta el desafío de superar todos los obstáculos e intentar un acuerdo con el PP que permita superar la situación que se arrastra desde el 27 de octubre de 2022. En esa fecha, y cuando parecía que el acuerdo entre el PSOE y el PP estaba a punto de anunciarse, los de Núñez-Feijóo formalizaron mediante un comunicado la ruptura de las negociaciones, alegando que el anuncio la reforma del delito de sedición suponía "una incongruencia insalvable" para alcanzar un pacto.

El nuevo responsable de Justicia tiene entre sus prioridades la de tender puentes para superar la actual situación de una vez por todas. Así se lo comunicó a Guilarte el pasado 24 de noviembre, en un encuentro en el que ambos coincidieron en la necesidad de la renovación. Según el ministro, buscará retomar el diálogo dejando atrás, al menos por el momento, la posibilidad de acudir a una nueva reforma legal dirigida a rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para designar a los vocales que sería duramente cuestionada por la oposición, la judicatura e incluso por Europa.

Por su parte, Guilarte ha planteado recientemente en un artículo publicado por 'El País' la posibilidad que sean recortadas de nuevo las competencias del Consejo en materia de nombramientos para facilitar así de una vez por todas su renovación, convencido de que, de este modo, la "apetencia" de los partidos por la designación de sus vocales quedaría "diluida". Propone que sean los jueces de cada órgano, sin mediar la intervención de la institución que preside, quienes elijan a sus presidentes en las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y las Salas, "que quedarían sustraídas a la aleatoriedad de su designación" por el Consejo.