El PP y Cs redoblan su ofensiva en la UE contra la ley de amnistía

El Partido Popular y Ciudadanos no tienen intención de quedarse cruzados de brazos ante la ley de amnistía pactada entre socialistas e independentistas catalanes y han decidido redoblar su ofensiva en la UE con el envío de cartas al conjunto del colegio de comisarios que preside la conservadora alemana Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, grupos parlamentarios y embajadores de los restantes 26 Estados miembros. Según denuncian, España se encuentra "al borde de una crisis constitucional y política" y piden "una intervención urgente para proteger el estado de derecho".

Las dos formaciones denuncian que el pacto firmado el pasado 9 de noviembre entre el PSOE y Junts supone "el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismo del Estado democrático de derecho" y piden a la UE que salvaguarde los "principios y valores fundacionales" y "tome medidas para proteger nuestro Estado de derecho", reivindican.

La presidenta del Congreso convoca la sesión de investidura de Sánchez para el miércoles y jueves

La misiva llega el mismo día en que el Partido Popular Europeo ha anunciado su intención de solicitar un debate en el próximo pleno del Parlamento Europeo, que tendrá lugar entre el 20 y 23 de noviembre en Estrasburgo, sobre la ley de amnistía acordada por el PSOE con ERC y Junts per Catalunya porque considera que el pacto, que abre la puerta a la investidura de Pedro Sánchez este miércoles y jueves, es una "amenaza" para el estado de derecho en España.

“El grupo del PPE está extremadamente preocupado por el deterioro del Estado de derecho en España tras el intento de los socialistas de ganarse el apoyo de los separatistas catalanes. Las disposiciones del pacto de amnistía que han firmado amenazan con acabar con la separación de poderes y socavar la independencia judicial”, señala el líder del grupo PPE, Manfred Weber, en un comunicado conjunto suscrito con la jefa de filas del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat.

Ambos aluden al posicionamiento de las asociaciones de profesionales de la judicatura y los representantes de la patronal y los sindicatos. “Cuando dan la señal de alarma, deberíamos tomárnoslo muy seriamente. Ya hemos visto esto antes en Polonia y esperamos que la Comisión Europea deje claro de forma inmediata que, por ejemplo, las disposiciones sobre el 'lawfare' son totalmente inaceptables”, expone el político bávaro recalcando que con esto se abre la puerta a “interferencias en la judicatura” del poder legislativo lo que constituye “una amenaza grave a la independencia judicial en España”.

"Amnistía a gran escala"

Weber y Montserrat también subrayan en su comunicado que la amnistía que impulsan los socialistas con sus socios en el Congreso también plantea eliminar todas las condenas por delitos cometidos por un grupo de personas -desde desórdenes públicos y corrupción hasta rebelión e incluso terrorismo- entre 2012 y 2023. “Una amnistía a gran escala como esta con el único propósito de ganar los votos que los socialistas necesitan para permanecer en el poder no tienen precedentes”, critican, advirtiendo que a lo que se enfrenta España es “al principio del fin del Estado de derecho y la ruptura de la separación de poderes”, señala Montserrat.

El PPE confía ahora en que las instituciones europeas se pronuncien “en tanto que espacio de democracia y libertad para detener este pacto” que “rompe el Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos en España, como han hecho antes en otros países”. La decisión final la tendrá este jueves la Conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, encargada de organizar la agenda de la sesión plenaria y donde están representados los presidentes de todos los grupos.

Si se introduce el debate en el orden del día, lo que tiene muchas posibilidades de producirse, ya que a priori cuentan con el apoyo de los Conservadores y Reformistas Europeos (donde se sienta Vox) y de buena parte de los liberales (donde está Ciudadanos), no solo el rifirrafe español se trasladará el corazón del Parlamento Europeo, sino que obligará a la Comisión Europea a pronunciarse. Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que se trata de un asunto interno español aunque el comisario de justicia, Didier Reynders, envió la semana pasada una carta al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez solicitando información sobre el alcance "personal, material y personal" de la ley.

En la misiva Reynders pedía al ministro de Presidencia y a la ministra de Justicia, Félix Bolaños y Pilar Llop, explicaciones tras las quejas. El mismo día, Bolaños respondía a Bruselas informando de que es un asunto que debe tramitar el parlamento y que en caso de registrarse en el Congreso darán todos los detalles.