El incierto recorrido de la investigación sobre la muerte en una residencia en Torrelodones que implica a Ayuso

La reapertura por parte de una juez de Villalba (Madrid) de la investigación provisionalmente sobreseída por la muerte de una persona en una residencia durante el

ha vuelto a poner en el foco la presunta responsabilidad que desde buena parte de las más de 7.000 familias afectadas y varios movimientos sociales se atribuye a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.

En un auto con fecha del pasado 2 de octubre, pero que no trascendió hasta finales de la pasada semana, la juez de primera instancia e instrucción número 3 de Villalba, María Cristina García Quesada, da cuenta de un acuerdo de la Audiencia Provincial de Madrid que le obliga a dar continuidad al procedimiento respecto de tres responsables autonómicos contra quien se había querellado la familia de una persona ingresada en una residencia de Sanitas en Torrelodones. La querella se presentó por homicidio, lesiones imprudentes y omisión de socorro.

La cuestión es que entre los querellados se encuentra la propia presidenta autonómica - junto a los que fueran sus consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero-, lo que permite afirmar que la justicia ha dado un primer paso -aunque aún muy incipiente-para reclamar a los responsables autonómicos por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. 

Marea de Residencias valora positivamente la decisión por lo que tiene de novedosa, pues por primera vez se practica una investigación en este sentido hacia aforados por omisión de socorro y también por primera vez se solicita documentación a la Comunidad de Madrid por parte de un juez, según señala a este diario el letrado del caso, Carlos Vila. La portavoz de Marea Carmen López, llama por su parte la atención de que la vía por la que ha optado la juez de Villalba siga lo ordenado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2020, al establecer que la averiguación de cualquier responsabilidad penal correspondía en primer término a los juzgados de instrucción. "Hasta ahora no lo había hecho ningún juez", añade en declaraciones a este diario.

Si la investigación prospera -es decir, si se encuentra algún tipo de indicio de una conducta criminal- el Juzgado tendría que inhibirse en favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condición de aforada, al igual que con Enrique Ruiz Escudero, que desde julio es senador por designación autonómica. 

La propia Díaz Ayuso se ha apresurado a restar importancia a la decisión judicial y el pasado sábado, nada más llegar a un viaje de promoción de la Comunidad en Nueva York, manifestó públicamente que la reapertura se ha producido únicamente para su "archivo definitivo". Según Díaz Ayuso la Audiencia Provincial sólo pide practicar las diligencias solicitadas por la familia "para el archivo definitivo". "No tiene más recorrido", apostilló. En el mismo sentido se pronunciaron fuentes de Sol tras conocerse la información, apuntando a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que con fecha de 16 de octubre la Comunidad de Madrid no ha recibido ninguna petición de documentación por parte de la juez.

Diligencias acordadas

La realidad es que la orden de la Audiencia, según fuentes jurídicas consultadas, puede ser analizado como algo habitual en el caso de archivos prematuros de asuntos en los que el juez de turno afirma no ver indicios sin hacer apenas averiguaciones o acceder a las diligencias que solicitan los querellantes.  

Por esta razón, la jueza cita ahora a declarar en calidad de testigos el próximo 7 de noviembre al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes para aclarar su relación con los protocolos de no derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.

Asimismo, pide a la Consejería de Sanidad que aporte al Juzgado el plan de choque, anunciado el 26 de marzo de 2020, su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo; los protocolos de coordinación para la atención de pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid durante la Covid-19, adoptados por la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria y los recursos sanitarios y Equipos de Protección Individual (EPI) facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias desglosados por fechas.

La querella se dirigía también contra Sanitas y una de las responsables de la residencia, a la que la juez cita nuevamente para tomarle declaración como investigada, y une a las diligencias un informe pericial de una geriatra sobre el estado de la persona fallecida y otros documentos aportados por entidad sanitaria privada.

Dificultades de la justicia

Hasta el momento, la justicia penal está encontrando muchas dificultades para encarar este tipo de denuncias de familiares. Así lo evidenció el pasado mes de noviembre el juez de instrucción número 38 de Madrid, Juan Antonio Sáenz de San Pedro en respuesta a una denuncia realizada directamente por la Fiscalía de Madrid por la muerte el 13 de abril de 2020 de una mujer de 95 años en una residencia del madrileño barrio de Carabanchel, en pleno punto álgido de la pandemia, tras desarrollar en unas pocas horas una enfermedad respiratoria aguda. La causa de principal de la muerte se consignó como sospecha de covid-19.

En este caso, el juez llegó a afirmar que, a la vista del informe pericial, "la derivación o no de la paciente a un centro hospitalario en ningún caso influyó en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ningún modo". Añadía que aun entendiendo que pudiera haber existido un "nexo causal-natural en ningún caso ello acreditaba que lo ocurrido fuera fruto de la dejación, abandono, descuido o de absoluta impericia de los responsables del centro", por lo que no procedía seguir con las actuaciones y acordaba su archivo. La Fiscalía recurrió esta decisión.

El pasado mes de marzo, Mur apuntó a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, como conocedor y responsable de la remisión a los hospitales madrileños de los denominados 'protocolos de la verguenza' que impidieron la derivación de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid. Lo hizo en la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el caso de los protocolos de derivación implementados desde la Administración autonómica madrileña. Marea de residencias busca condenas por homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación.

Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional Amnistía aprovecharon el segundo aniversario de la detección del primer caso de coronavirus en España, la "deficiente actuación" de la Fiscalía para esclarecer por qué se incumplieron los protocolos internacionales en las residencias de ancianos durante la primera ola de covid, en concreto el Protocolo de Minnesota elaborado por la ONU sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.