Sin médicos para abortar en la pública: Irene Montero critica la "inacción" de Castilla-La Mancha

Hace casi tres meses que entró en vigor la reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública no está siendo tarea fácil. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado un toque de atención a todas las comunidades autónomas para que apliquen la ley y ha sido especialmente beligerante con Madrid y Castilla y León, por "rebelarse" contra la norma, y con Castilla-La Mancha, de la que ha criticado su "inacción" y no ser capaz de organizar las plantillas para contar con profesionales públicos no objetores de conciencia.

La comunidad castellanomanchega ha derivado históricamente a dos centros privados a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y esa situación no ha cambiado tras la entrada en vigor de la reforma de esta ley, que ya obliga a los hospitales públicos a contar con el personal sanitario suficiente para garantizar este derecho de las mujeres.

A cuatro días de las elecciones autonómicas y municipales, Montero ha subrayado que "no caben excusas" para aplicar la norma, ni "la inacción de gobiernos como el de Castilla-La Mancha (del PSOE) que está diciendo que no sabe cómo va a poder hacer efectiva la ley".

Objeción de conciencia

La realidad es que la sanidad pública no realiza esta práctica, lo que el gobierno regional atribuye a que todos los profesionales son objetores de conciencia. La consejera de Igualdad y portavoz del gobierno castellanomanchego, la socialista Blanca Fernández, aseguró hace unos días en declaraciones recogidas por Europa Press que ofrecer este derecho en la pública es un objetivo del ejecutivo autonómico y que se está intentando captar a profesionales que puedan realizar esta labor, pero "es muy difícil", por lo que se hace en clínicas concertadas.

"Como no podemos obligar a nadie, también estamos en la obligación y además creemos en ello, en el respeto a la objeción de conciencia y por tanto respetamos la decisión de los profesionales", señaló y negó que hubiera ánimo de no querer cumplir o de torpedear la ley.

Sin embargo, la ministra de Igualdad ha sido muy crítica este miércoles, cuando ha reiterado que todas las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo en el hospital público más cercano a su domicilio y que pueden exigirlo a sus comunidades autónomas: " Esa ley tiene que ser aplicada y no caben excusas para no aplicarla", ha recalcado.

Montero ha incidido en que es necesario hacer compatibles los derechos a la objeción de conciencia y al aborto, para lo que es crucial "articular los registros de objetores de conciencia" y organizar plantillas de manera que siempre haya personal suficiente en los hospitales públicos.

Preguntado por esta cuestión, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), responsable de esta cuestión, ha declinado hacer declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Fuentes de Sanidad de CCOO en esa comunidad autónoma reconocen a este periódico que la situación es "difícil" porque "se contraponen dos derechos" como son el de la objeción de conciencia y el de las mujeres a acceder a su derecho al aborto en la sanidad pública. "No hay uno por encima del otro", afirman las mismas fuentes.

Tasa de abortos por debajo de la media nacional

La reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo entró en vigor el pasado 1 de marzo (salvo la parte relativa a los permisos laborales por reglas dolorosas o abortos).

Los últimos datos disponibles de Castilla-La Mancha sobre esta cuestión son relativos al año 2021: entonces, sólo dos centros privados de una comunidad autónoma de cinco provincias practicaban abortos.

Ese año hubo 3.202 interrupciones del embarazo en territorio castellanomanchego, lo que supone el 3,55 % del total del territorio español, en el que hubo 90.189 IVE.

La tasa de abortos por cada mil mujeres es allí inferior a la media nacional, y lo ha sido en la última década: 8,9 IVE por cada 1.000 ciudadanas, frente a las 10,7 de media nacional.

Llama la atención que la totalidad de los abortos se practicaran en centros privados, cuando más del 70 % de las mujeres se informaron del procedimiento en centros públicos.