Pedro Sánchez se reúne con Sam Altman, el 'padre' de ChatGPT. ¿De qué han hablado?

La irrupción de ChatGPT está generando fricciones en muchos países. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y 'padre' del famoso chatbot, lleva días inmerso en una gira por distintos países para tratar de calmar las aguas y, sobre todo, marcar el tono de una futura regulación de la inteligencia artificial (IA). Este lunes ha hecho escala en España para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

"Me he reunido con Sam Altman, cofundador de OpenAI, con quien he compartido que la inteligencia artificial es una enorme oportunidad para modernizar nuestras sociedades. Pero es imprescindible que su desarrollo respete los derechos y los valores democráticos", ha compartido en Twitter el mandatario y dirigente del PSOE.

Aunque de momento no han trascendido más detalles sobre qué temas se han abordado en esa reunión, la misión de Altman parece clara. La Unión Europea (UE) ultima la ley que regulará el uso de la IA y que pondrá límites a los modelos de lenguaje como ChatGPT. Presumiblemente, esa legislación será aprobada por el Parlamento Europeo en junio y después se negociará con los Estados. España ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la UE entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año, lo que hace que la posición de Madrid sea de especial interés para OpenAI.

A mediados de abril, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió una investigación para saber si OpenAI –empresa parcialmente en manos de Microsoft– vulnera las leyes europeas de privacidad con el famoso ChatGPT. El regulador también ha impulsado la creación de un grupo de trabajo a escala europea que fomente la cooperación entre países.

Influenciar la regulación

La semana pasada, Altman compareció ante el Congreso de Estados Unidos para pedir una regulación que ayude a "mitigar los riesgos" de las herramientas de IA que su compañía está desplegando a un ritmo frenético. Como ya hicieron en el pasado los directivos de otras compañías como Facebook o las malogradas FTX y Theranos, Altman está pidiendo una regulación para así poder influir en ese proceso normativo para que beneficie a sus intereses comerciales.

También la semana pasada, hasta 60 organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos digitales publicaron una carta abierta dirigida al Gobierno denunciando "deficiencias" en esa propuesta de ley. Esas mismas oenegés criticaron que no se las tenga en cuenta y solicitaron reuniones "de alto nivel" con los representantes de los ministerios españoles para corregir esos errores.