PP y PSOE despliegan su batalla política por Doñana en Bruselas pese al aviso de multas

La batalla política de PSOE y PP por Doñana ya adquirió eco europeo la pasada semana, cuando Bruselas entró de llenó para advertir de nuevo de la amenaza de tribunales y multas si la proposición de ley que autoriza más suelo de regadío en el Parque Natural sale adelante. Lejos de mantener alejada a la Comisión Europea, que ya ha dado un ultimátum por las infracciones en la reserva de la biosfera antes de adoptar severas sanciones, los partidos acuden al corazón de Europa a desplegar su batalla política.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido este martes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ante la "preocupación" que ambas instituciones comparten por la situación en el parque nacional de Doñana. El encuentro informal se ha producido aprovechando la cumbre de los ministros de Medio Ambiente en Estocolmo (Suecia).

En unas declaraciones al término de esa “importante reunión”, señaló la vicepresidenta, Ribera aseguró que “la comisión está preocupada por la situación de Doñana y por el riesgo adicional que este proyecto puede suponer para este espacio emblemático tan particular y tan rico en Europa”. La vicepresidenta sostuvo que desde la UE están “comprometidos por la sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo y no tienen dudas de que tomarán cuantas medidas sean necesarias” para frenar la proposición andaluza. La ministra y el comisario europeo trataron de fijar una hoja de ruta. “Hemos tratado de identificar los próximos pasos a seguir”, señaló Ribera, recordando que la comisión aún está esperando una respuesta formal del Gobierno a la carta que se remitió a la Embajada Permanente de España ante la UE y donde se avisó que “de prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de los dispuesto en la sentencia” del Tribunal de Justicia Europeo. El Gobierno aseguró que tratará de redactar la respuesta teniendo en cuenta los informes enviados por el Ejecutivo andaluz y los avisos de Bruselas. “El mensaje principal es que la preocupación no ha cambiado” y “deberíamos es reducir el resigo sobre Doñana y no añadir” más amenazas, sentenció Ribera.

PSOE y PP usan a sus eurodiputados como peones en una guerra en precampaña electoral. Ambos partidos se han dirigido al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, para pedirle una reunión y hacerles llegar su relato sobre lo que está ocurriendo en Doñana. Este martes, medio centenar de eurodiputados, la mayoría españoles, protagonizaron una protesta contra la proposición de ley del regadío que tramitan PP y Vox con pancartas con el lema “Salvemos Doñana” en Estrasburgo.

El Gobierno andaluz lleva ya días intentando busca una interlocución directa con la Comisión Europea, tras acusar al Ejecutivo de la Nación de “distorsionar” la proposición de ley que, de la mano de PP y Vox y con el aval de la Junta, se tramita en la Cámara andaluza para regularizar unas 750 nuevas hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana. Habrá una reunión técnica el próximo 3 de mayo, tras fracasar el intento del presidente Juan Manuel Moreno de tener un diálogo bilateral con el comisario de Medio Ambiente. La Comisión Europea limita su interlocución con los estados miembros, en este caso con el Gobierno de España. Sin embargo, el PP ha vuelto a la carga para buscar cauces de comunicación sin intermediarios.

"Daño" a la imagen

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, junto con la portavoz del PP Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, han dirigido una carta a Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, y al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, en la que piden una reunión urgente para explicar los detalles de esta propuesta y en la que lamentan el “daño importante” que se está causando a la imagen de Doñana, de Andalucía y de su agricultura por intereses partidistas.

El partido de centro derecha europea carga contra otra carta que el grupo socialista, con la firma de su presidenta Iratxe García, remitió al comisario de Medio Ambiente y al vicepresidente primero, donde en su primer párrafo señala: “Le escribo con mucha preocupación y urgencia respecto a la propuesta de permitir nuevas captaciones de agua para riego del parque nacional de Doñana”. El grupo socialista solicita también mantener un encuentro y enciende las alarmas sobre lo que podría pasar en el parque.

Una carta "fake"

El grupo popular europeo y el Gobierno andaluz hablaron de una “carta fake” de los socialistas, insistiendo en que la proposición de ley de ampliación del regadío en ningún caso habla de permitir nuevos pozos o prospecciones de aguas subterráneas. La proposición de ley “no afecta al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Doñana, sino que garantiza su cumplimiento”, señalan los populares en su misiva, porque precisamente la nueva ley “no permite la extracción de aguas subterráneas del acuífero”, en contra de lo que interesadamente el grupo socialista viene transmitiendo a la Comisión, sostienen. La carta del PPE insiste en que la proposición de ley andaluza “no otorga automáticamente el derecho de riego” sino que califica el suelo como “agrícola de regadío con agua superficial”. “Estos derechos”, admiten los populares, los otorgarán conforme a la normativa vigente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es el órgano competente y que a la vez ya ha advertido de que no habrá más derechos para nuevos terrenos de regadío.

PP y PSOE están forzando la máquina electoral con Doñana de fondo y la Comisión Europea como ring de boxeo político. Pero en Bruselas cualquier gota puede rebosar ya el vaso. Ha habido dos advertencias muy severas. La directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, aseguró que la proposición andaluza suponía “una violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de junio de 2021, que advertía a España de que debería haber tomado medidas mucho más drásticas contra las extracciones ilegales de aguas subterráneas en la comarca de Doñana. La justicia europea no impuso multas pero reprendió severamente por no cumplir las directivas en vigor y acusó a España de no haber adoptado las medidas para poner fin a ese deterioro. Esa sentencia advertía de que la continuidad de esos incumplimientos conllevaría sanciones. Reforzando esa advertencia que se envió por carta a la Embajada Permanente de España ante la UE, el portavoz de medio ambiente del ejecutivo comunitario, Tim McPhie, también dejó claro que se adoptarán “medidas adicionales” para garantizar el cumplimiento de la sentencia si es necesario.