La intención del Tribunal Supremo era actuar con la 'exconsellera Clara' Ponsatí como hizo en su día con con Meritxell Serret y Anna Gabriel, también fugadas, pero que comparecieron voluntariamente ante el alto tribunal para regularizar su situación. Pero Ponsatí ha preferido provocar su arresto, al declarar en rueda de prensa que no pensaba acudir al alto tribunal alegando que goza de inmunidad por ser europarlamentaria.

Era consciente de que la detención iba a durar lo mínimo imprescindible. Básicamente lo que se necesitaba para su traslado al juzgado de guardia de Barcelona, donde se le ha comunicado el auto del instructor del 'procés' en la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, en el que se acuerda su libertad provisional, deja sin efecto la orden de detención, así como su situación de rebeldía, al mismo tiempo que la cita a declarar el próximo 24 de abril, cita que podrá esperar en libertad.

No cabía otra situación, puesto que no le puede ser impuesta una medida cautelar de privación de libertad al estar penado el delito de desobediencia que se le imputa únicamente con multa e inhabilitación. Además, ello le permitirá cumplir con sus responsabilidades en el Parlamento europeo, como estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No obstante, el magistrado, que le ha pedido que fije un domicilio y un teléfono donde pueda ser localizada para comparecer ante el alto tribunal tantas veces como sea llamada, le ha advertido de que el no hacerlo en futuras citaciones "conllevará la modificación de su situación personal y su posible conducción por la fuerza pública".

Habeas corpus

Lo primero que ha hecho Ponsatí una vez que se ha encontrado en los juzgados de Barcelona ha sido presentar un procedimiento de habeas corpus, instrumento previsto para cuando se considera ilegal una detención, con el objetivo de pasar el menor tiempo posible en dependencias policiales y ser puesta a disposición judicial cuanto antes. En el caso de Ponsatí ya estaba en los juzgados, esperando comparecer ante el magistrado en funciones de guardia. Según fuentes de su defensa consultadas por este diario, el objetivo era acelerar su puesta en libertad.

Ante el magistrado todo ha sido muy rápido. “¿Sabe usted que debe comparecer ante el juez Llarena, verdad?", le preguntó. Y a su respuesta afirmativa, el magistrado replicó con un "pues ya puede irse”, informa Fidel Masreal.

La 'exconsellera' ya contaba con que todo se desarrollara así, porque si lo hubiera fiado todo a su inmunidad parlamentaria habría venido a España mucho antes, puesto que la tiene desde que, tras el Brexit, adquirió el acta de eurodiputada. De hecho, el juez Llarena se lo dejó meridianamente claro en el auto en el que confirmaba el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por desobediencia y malversación en su modalidad más agravada.

Agotar los mecanismos

A la ‘exconsellera’, ahora solo procesada por desobediencia, le respondía que no podía suspender la orden de detención nacional que pesaba sobre ella, pese a su condición de europarlamentaria, porque "el procedimiento está paralizado por su actuación obstativa", al haber huido de la justicia española, y ello obligaba al magistrado a "agotar los mecanismos legalmente dispuestos para superar la ocultación de cualquier encausado por responsabilidad penal". Entre esos mecanismos estaba su arresto, que se comprobado que era era imprescindible al negarse a ponerse ella misma a disposición de la justicia española.

Gracias a esa respuesta Ponsatí, que comparte abogado con Puigdemont, el letrado Gonzalo Boye, era muy consciente de que al actuar como ha hecho sería arrestada, pese a esa inmunidad, que el magistrado, además, explica al expresidente que es un privilegio del que gozan los parlamentarios para evitar el anormal funcionamiento del Parlamento europeo, no para huir de los procedimientos penales iniciados y hasta en su caso, prácticamente concluidos, antes de adquirir el escaño.

No había vuelto a España hasta ahora, una vez que el juez Llarena confirmó su resolución en la que la procesa por desobediencia. Si hubiera estimado los recursos de la fiscalía y la Abogacía del Estado y la hubiera procesado por desórdenes públicos agravados, en sustitución de la sedición, como sostenían ambas acusaciones, corría el riesgo de ser enviada a prisión cautelar. Con la desobediencia eso no es posible.

Segunda citación

Fuentes del alto tribunal han resaltado "la normalidad" que supone el arresto de una persona con una reclamación judicial que no comparece ante el juez. Pero saben que habrá un nuevo problema si decide volver a hacer lo mismo el día que Llarena ha fijado para tomarle declaración. Por eso el instructor le ha advertido de que hacerlo, tendrá consecuencias, aunque como el delito de desobediencia por el que está acusada solo está penado con hasta dos años de multa e inhabilitación difícilmente se le puede imponer medida de privación de libertad de manera cautelar, ya que tampoco podrá ser condenada con ella.

La reacción del Govern

En una rueda de prensa sin preguntas, el ‘conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra pese a haber mostrado su “sorpresa” por la detención teniendo en cuenta que está procesada por un delito sin penas de prisión. “Los Mossos han actuado a órdenes del juez como es su deber cuando actúa como policía judicial, no puede ser de otra forma, y eso lo sabe todo el mundo”, ha espetado, al tiempo que ha celebrado que la reforma del Código Penal “facilite que la justicia española tenga que dejarla en libertad”.