Tiempo, elecciones y PSOE: investigar ahora el caso del 'Tito Berni' en el Congreso es casi inviable

En el escrito con el que pide la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre el “caso Mediador”, registrado este miércoles poco antes de las 15.30 horas, el PP marca un plazo de seis meses para la culminación del dictamen y de las conclusiones políticas. Si se tiene en cuenta que es justo eso lo que queda de periodo legislativo ordinario, siempre y cuando Pedro Sánchez lleve la legislatura hasta el último día, el 10 de noviembre, las opciones de que la investigación termine antes de la disolución de las Cortes son poquísimas, si no inexistentes.

El tiempo. Justo éste es el factor que complica la viabilidad de una comisión que de momento es sólo una propuesta. La Mesa verá la iniciativa el martes que viene y la Junta de Portavoces no lo hará hasta una semana después. Si para entonces, 14 de marzo, hay una mayoría clara a favor de crear dicha comisión, el pleno encargado de formalizarlo no se celebrará hasta el 23 de este mes. Por tanto, un mes menos.

En la hipótesis de que ocurra todo lo mencionado, hay que esperar a la constitución de la Comisión, porque una cosa es el aval que da el pleno y otra el trámite oficial de su configuración, que pasa por componer la Mesa que ordene los trabajos. Hay que elegir una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías, y para ello hacen falta las mayorías políticas necesarias. Desde el “ok” del pleno a este paso de la constitución de la comisión pueden pasar varios días, incluso semanas. 

Para corroborarlo, basta con acudir a un ejemplo reciente. El pleno del Congreso creó la comisión de investigación sobre la llamada “operación Cataluña” (operaciones parapoliciales impulsadas presuntamente por el exministro Jorge Fernández Díaz para perjudicar al independentismo catalán) el 15 de septiembre de 2022. Seis meses después, ni rastro de su constitución. Ni está ni se le espera, por tanto, pues fuentes parlamentarias apuntan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que no hay indicios de que se impulse.

Así que nos plantamos ya en abril, mediados de abril como pronto. Si se repara que mayo es mes electoral, ya que los comicios autonómicos y municipales se celebrarán el último domingo de mes y que precisamente por eso la semana anterior queda vacía de agenda en el Congreso y en el Senado, es más que probable que las comparecencias no comiencen antes de junio, y eso siempre y cuando haya respaldo parlamentario a ir tan, tan deprisa. 

Por si fuera poco, julio y agosto son inhábiles, es decir, sin actividad en las Cortes. Puede operar la supuesta comisión de investigación, sí, pero es necesario para ello el plácet de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Resulta improbable, por no decir imposible, que acudan comparecientes durante el mes de agosto.

Septiembre podría suponer una reanudación intensa de los trabajos, aunque si los promotores de la investigación quieren acabarla esta legislatura, habrán de imponer no un ritmo intenso, sino atosigante y extenuante, ya que las Cortes pueden estar activas hasta el 10 de noviembre. Este día, si el presidente del Gobierno no ha convocado antes, para lo que tiene un tope fijado el 16 de octubre, se disuelven las Cortes y se define automáticamente la fecha de las próximas elecciones generales. 

Precedentes de larga duración

Hasta aquí lo que queda de legislatura, que es un suspiro. Pero el factor tiempo no se agota aún. Un repaso por recientes comisiones de investigación indica que los trabajos no duran seis meses ni queriendo. Por ejemplo, en la legislatura XII, de 2016 a 2019, se constituyeron cinco. 

La de la crisis financiera, creada el 2 de marzo de 2017 para un periodo de tres meses, aprobó el dictamen en febrero de 2019, poco antes de la convocatoria anticipada de elecciones. Acogió más de 80 comparecencias.

También en esta época se investigó a Fernández Díaz. Se llamó así la comisión (es un título muy largo): “(...) sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos”. Como la anterior, se pidieron tres meses para trabajar. Imposible. Se creó el 5 de octubre de 2016 y alumbró el dictamen con conclusiones el 21 de septiembre de 2017.

Y ésta es importante porque es un precedente parecido a la comisión que ahora quiere crear el PP. El 5 de abril de 2017 el pleno creó el órgano destinado a investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular, cuya constitución formal (conformación de la Mesa) tuvo lugar el 11 de mayo. En octubre de 2018, los integrantes solicitaron ampliar la duración de los trabajos. No dio tiempo a aprobar el dictamen.

Otras dos comisiones de la legislatura XII fueron sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela en julio de 2013, que no acabó, y sobre el accidente del avión de Spanair, que tampoco terminó. Ésta, no obstante, se retomó en la legislatura en curso y dio a luz al dictamen en mayo de 2021, doce años después del siniestro.

Las más recientes

La del avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas es una de las tres comisiones de investigación que el Congreso creó y zanjó esta legislatura. Tras crear la del plan de vacunación en junio de 2021, 25 comparecencias después, aprobó sus conclusiones en marzo del año pasado. 

Más controvertida fue la que investigó “la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular”. Así se llamó. Caso Kitchen en estado puro.

Recibió el visto bueno del pleno en octubre de 2020, albergó 40 comparecencias, entre ellas las de María Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Fernández Díaz; y confeccionó el dictamen en febrero de 2022. Aunque la mayoría que lo apoyó (195 diputados y diputadas) superó con holgura a los sectores del rechazo y de la abstención, se desató una tormenta política estruendosa.

Porque los reticentes vieron en ella una maniobra para derrumbar las aspiraciones electorales del PP.

Elecciones y el PSOE

Exactamente la misma lectura que hacen ahora los reacios a la comisión de investigación que ha pedido ya el grupo popular. Hay intereses electorales. El “caso Mediador”, el de “Tito Berni”, en alusión a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado socialista hasta el pasado 14 de febrero, puede dañar la ambición del PSOE en las urnas, tanto las que se pondrán dentro de tres meses como las que se pondrán dentro de 10. El partido de Alberto Núñez Feijóo lo tiene clarísimo, de ahí su ímpetu.

Sin embargo, mientras las investigaciones a las “cloacas” del Ministerio de Interior cuando lo dirigió Fernández salieron adelante y hasta lograron acabar, la de este reciente caso de “mordidas” y contactos de una supuesta trama corrupta con cargos socialistas tiene un futuro algo más laberíntico. La razón es sencilla: la ausencia de consenso político.

PP, Vox, Cs, ERC, Compromís y la CUP son las formaciones que se han pronunciado a favor de la comisión. Traducido al pleno, poco menos de 160 diputados, lo que no está mal. El problema para el grupo que dirige Cuca Gamarra es que PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Más País forman un bloque más compacto. Puede que los socialistas no salven el escollo de la Junta de Portavoces, pero en el pleno… Más fácil, a priori.

Y aun cuajando la comisión, el PSOE podría usar diferentes argucias para ralentizar los trabajos, incluso para enfriarlos, de manera que la legislatura termine y el proceso se quede a medio hacer. Los de Patxi López son el grupo mayoritario, lo cual reporta numerosas ventajas parlamentarias. Tener al lado a Unidas Podemos es clave.

El PP, tal y como señala en el escrito de petición, se propone en seis meses (prorrogables) determinar qué responsabilidades políticas hay en el partido y en el grupo socialista, así como en el Gobierno. Elevado empeño en una legislatura que se asoma a su fin.