Mozo rechaza convocar el Pleno que exigen los conservadores para los nombramientos del TC

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha rechazado convocar el Pleno extraordinario solicitado por nueve vocales del sector conservador de este órgano para elegir ya a los dos magistrados del Tribunal Constituciona que la ley encomienda designar a este órgano. Pese a que la ley obliga a convocar esta reunión cuando así lo soliciten al menos cinco miembros del Consejo, Mozo alega que la petición que fue registrada el pasado viernes exige la presentación de candidatos por parte de este sector, lo que no se ha producido. Desde el sector conservador se asegura que el problema será subsanado.

Los solicitantes de Pleno son los ocho vocales del denominado 'sector de bloqueo', a los que se ha unido el también magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea. Curiosamente, quienes ahora pretenden acelerar esta reunión son los mismos vocales que, alegando diferentes excusas, llevan retrasando el cumplimiento de esta obligación constitucional desde que el pasado mes de junio caducó el mandato de los dos magistrados del TC que corresponde renovar, que son el conservador Santiago Martínez-Vares y el progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente del órgano. Desde el pasado 13 de septiembre, además, el retraso supone un incumplimiento del plazo legal dado para hacer estas designaciones, tras la reforma del pasado mes de julio que puso el tope temporal.

Concretamente, y según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la petición tal y como fue formulada por los vocales conservadores no puede ser atendida en aplicación del artículo 35 del Reglamento del Consejo, que exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del Pleno cuando se solicite la celebración de una sesión extraordinaria. Mozo también justifica su decisión en el cumplimiento de las reglas de procedimiento que fueron aprobadas por todos los vocales en la reunión extraordinaria del pasado 8 de septiembre, estando aún Carlos Lesmes presidiendo el órgano.

Dichas reglas de procedimiento pasan por algo que hasta ahora se han negado a realizar estos vocales, que es aportar a sus candidatos. Según Mozo, la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario para este asunto debe incluir los nombres que deben votarse, con sus respectivos currículum. Desde el sector conservador se ha informado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que el problema de falta de nombres será subsanado, o bien se realizará otra nueva petición de Pleno que cumpla con los requisitos.

Con su petición, estos vocales, todos designados a propuesta del PP, buscan eludir la reforma legal planteada este viernes, dirigida a reducir a una mayoría simple la cuota de tres quintos que se precisa actualmente en el CGPJ para realizar estas designaciones. Fuentes de este sector la califican de "injerencia demoledora", un "chantaje" y hasta una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés. Desde el sector progresista, por el contrario, se señala que la Constitución necesita de "mecanismos para defenderse de quien bloquea los órganos constitucionales" y se prefiere esperar a la reforma penal que saldrá adelante este jueves en el Congreso de los Diputados para proceder a los nombramientos utilizando ya el nuevo sistema.

En todo caso, la celebración del Pleno no asegura que los nombramientos vayan a producirse en dicha reunión, puesto que para cumplir con la ley se precisa que los dos bloques -conservador y progresista-, alcancen el consenso y los elegidos alcancen el apoyo de once de los vocales. En este momento, las negociaciones habían encallado con la vista fija en el Pleno ordinario del próximo 22 de diciembre.

Los conservadores rechazan en principio la candidatura de Bandrés por considerarle cercano al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este grupo no ha dado a conocer su lista oficial de candidatos aunque en las quinielas suenan nombres como el del instructor del 'procés' Pablo Llarena, sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y también César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.