Un empresario proveedor de CDC ha mantenido este miércoles ante la jueza que el partido le "obligó" a emitir facturas falsas a Triacom, una productora de TV3, si quería cobrar los servicios que prestó para sus campañas electorales: "O lo tomas o lo dejas, me dijeron".

Así lo ha reconocido el empresario Juan Manuel Parra, que fue condenado a ocho meses de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, en el juicio iniciado en Barcelona contra una presunta trama de facturas falsas vinculada al exgerente de TV3 y de Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3%.

Junto a Carbó y Parra, se sientan en el banquillo otros seis empresarios acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios a Triacom, entre ellos el excargo de CDC David Madí, miembro del "estado mayor" que organizó el referéndum del 1-O e imputado en el caso Volhov por presunto tráfico de influencias al abrigo del procés.

La Fiscalía pide penas de entre uno y dos años de cárcel para los ocho imputados, a quienes acusa de los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda pública, por facilitar la facturación falsa para que Triacom, productora de los programas de TV3 "El Gran Dictat" y "Fish and Chips", pudiera aumentar sus gastos deducibles y así reducir el pago de IVA y del impuesto de sociedades en 2011.

El caso fue remitido en su día por la jueza al instructor del caso 3% sobre presunto pago de comisiones a CDC -en una decisión que después revocó la Audiencia de Barcelona-, al entender que esas mismas facturas falsas sirvieron para financiar irregularmente a la extinta formación.

De hecho, tanto Carbó como Parra y Madí figuran como investigados en la pieza del caso 3% vinculada a Triacom, en la que el empresario condenado por el desvío de fondos del Palau de la Música tiró de la manta al explicar que fue el extesorero de CDC y exconseller Germà Gordó quien le indicó que la productora le pagaría los trabajos realizados para el partido.

Parra ha vuelto a reconocer que los servicios que facturó a Triacom "no eran ciertos", sino facturas por trabajos que llevó a cabo para las compañas electorales de CDC de 2010 y de 2011, y que recibía "instrucciones" de Carbó sobre el importe y los conceptos que debía hacer constar.

El empresario, que asegura tardó más de un año en cobrar por trabajos que debían haberle abonado en entre 3 y cinco meses, ha relatado que fue Gordó quien le indicó que debía cobrar a través de Triacom y ha aportado a la causa -como ya hizo ante la Audiencia Nacional- una grabación de su conversación con el exconseller.

"Me obligaron a cobrar de Triacom", ha recalcado el empresario, que asegura que le dijeron "o lo tomas o lo dejas" y que acabó aceptando emitir facturas falsas porque "no tenía otra manera de cobrar", sin que reclamar a CDC por la vía judicial fuera una salida: "Tenía que pagar a proveedores y trabajadores y ya sabemos la dilación que hay a consecuencia de perder un cliente".

También Oriol Carbó, que ha devuelto la suma defraudada a Hacienda más los intereses correspondientes, ha reconocido la facturación falsa de que le acusa la Fiscalía, en una declaración en la que se ha negado a responder a las preguntas de las otras defensas.

No así David Madí, quien ha mantenido que las dos facturas que giró a Triacom, por un importe de 194.700, se correspondían con trabajos reales realizados por la "consultoría estratégica" de negocio e inversiones que montó cuando en 2011 abandonó sus responsabilidades en CDC.

El exconvergente, que ha apuntado que pasó "dificultades económicas" al inicio de sus negocios, ha relatado que Carbó, a quien conoce desde hace 20 años, le pidió ser uno de los clientes de sus empresas, pese a que este lo niegue "por sus beneficios procesales".

"Es absolutamente falso que no hubiera prestación de servicio. Era un cliente y era un amigo. Era el cliente mas pequeño del despacho pero los trabajos eran reales", ha aseverado David Madí, quien fuera uno de los máximos hombres de confianza del expresident Artur Mas, en un tenso interrogatorio con el fiscal de Delitos Económicos Pedro Castro.

El acusado, de hecho, ha invitado al fiscal a examinar "un poco más" su perfil profesional al "descalificar" sus capacidades para prestar servicios de consultoría y le ha espetado: "Perdone, pero yo en este país soy conocido, me parece".

Madí se ha escudado además en que su consultaría debe ser "la empresa más inspeccionada de este país", con una quincena de revisiones fiscales en las que "nunca se ha encontrado nada".

El resto de los empresarios imputados, por su parte, han negado cualquier cooperación en el fraude fiscal de Triacom y han mantenido que los trabajos facturados a la productora eran reales.