La exdirigente de Junts, Elsa Artadi, admitió este martes ante el juez que el expresidente Carles Puigdemont le envió como experta en economía a una reunión en la que participó un supuesto emisario ruso para hablar de criptomonedas. Ente encuentro, celebrado en el Hotel Colón de Barcelona, se produjo entre el 21 y 24 de octubre del 2017, días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI).

La testigo explicó que este acto duró unos 20 minutos y que la información que recibió era “muy difusa”, según fuentes judiciales. ”No sé lo que querían”, precisó la exdirigente de Junts y excandidata a la alcaldía de Barcelona. Aseguró que ese grupo de personas, entre los que se encontraban Víctor Terradellas, exresponable de relaciones internacionales de CDC, le llegaron a preguntar qué planes tenía la Generalitat respecto a criptomonedas y que ella contestó que ninguno. La reunión se hizo en un hotel y no en su despacho oficial (secretaria general de coordinación interdepartamenta) porque, según la expolítica, era habitual hacer en esos sitios o en cafeterías. Artadi salió de la sala de vistas por un acceso interno para evitar a los medios de comunicación.

Artadi, posteriormente, y según reconoció, estuvo presente en otra reunión en la que directamente Puigdemont recibió a los presuntos emisarios rusos en les Cases dels Canonges, residencia oficial del expresident. En este contactó ocurrido el 26 de octubre, un día antes de la DUI, participó Víctor Terradellas, impulsor de la anterior reunión en el hotel de Barcelona, el empresario catalán Jordi Sardà Bonvehi, el exdiplomático ruso Nicolay Sadovnikov y el exmilitar Sergey Motin. “No recuerdo de que se habló”, detalló Artadi. En este encuentro duró unos tres o cuatro minutos, según ella. Ante esta declaración el juez instructor, Joaquín Aguirre, que investiga la trama rusa del 'procés', advirtió a Artadi que su testimonio carecía de credibilidad, que como testigo tiene la obligación de decir la verdad y que estos “podría tener consecuencias penales”, incidieron las fuentes consultadas.

El supuesto espíaEl juez también interrogó como imputado a Alexander Dmitrenko, al que el gobierno español le ha denegado la nacionalidad española por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos. Este empresario residente en Barcelona sostuvo que la compra de gas licuado por parte de una empresa de Hong Kong a otra rusa no tenía nada que ver con el proceso independentista y que era un negocio suyo en el que participaba como comisionista. 

Dmitrenko relató que los 295.000 euros que la empresa rusa pagó como adelanto no llegó nunca a España y que la idea era ingresarlos en una cuenta de Artiem Lukoyaviuv (que fundó con él una compañía en Londres), hijo adoptivo de Vladislav Surkov, apodado el ‘cardenal gris’, un influyente y misterioso exasesor personal del dirigente ruso, Vladimir Putin. De este amigo dijo que era importante para Catalunya tener contacto con él desde el punto de vista empresarial.

Según este imputado, este negocio podía favorecer a la Cámara de Comercio de Barcelona, entonces dirigida por el ahora diputado de Junts Joan Canadell, y a Catalunya, no solo porque él paga impuestos aquí, sino porque en los puertos de Barcelona se puede descargar esa material. La compra venta, al final, no se llevó a cabo y el dinero, según el encausado, se lo quedó la empresa rusa.

Al ser preguntado por el fiscal Fernando Maldonado porque el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Maria Alay, se alegró de que ese negocio, Dmitrenko afirmó que fue porque era amigo suyo porque le había ayudado antes para que le nombraran embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona en Rusia. “Se alegró de mis éxitos”, subrayó. 

Dmitrenko reconoció que como estaba agradecido a Alay por su ayuda le propuso dos conferencias en Moscú, no detallando si presentó a otras personalidades de ese país. Otras fuentes apuntas que el jefe de la oficina de Puigdemot se vio con el hijo adoptivo del ‘cardenal gris’ (se lo presentó él), así como con periodistas cercanos al Kremlin.