"Estamos dando los primeros pasos para resolver esta crisis". Pedro Sánchez definía así este lunes el camino de la recuperación de la "normalidad institucional" con Cataluña después de años de "discordia". Tras los indultos, el "obstáculo" o la "hipoteca" que, según analiza su Gabinete, que imposibilitaba toda opción de diálogo, se han encadenado en las últimas horas varias fotos inimaginables hace bien poco: el Rey, el jefe del Ejecutivo, el president de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona sentados a la misma mesa en la cena de gala con la que arranca el Mobile World Congress en la capital catalana; luego los cuatro de nuevo juntos en la apertura del evento mundial de tecnología. Y este martes se cierra este primer álbum con la primera reunión, en la Moncloa, del presidente con Pere Aragonès. A las cinco de la tarde, cuando ya esté en marcha el desfile de ex altos cargos del Govern ante el Tribunal de Cuentas (TCu) para conocer la liquidación provisional que les reclama por el uso inadecuado de fondos públicos en la promoción exterior del procés. La "nueva inquisición económica" para el Executiu que el Gobierno insiste en que no puede frenar y cuyas resoluciones, no obstante, son recurribles ante los tribunales de justicia.

En la Moncloa subrayan que la entrevista de los dos mandatarios tiene valor por sí misma. Porque es "un paso más hacia la normalidad institucional que se rompió en 2017", porque es el primer encuentro formal entre Sánchez y Aragonès desde que este fue investido el mes pasado por el Parlament. La foto como símbolo. El presidente ha estado recibiendo papeles por parte de su equipo para preparar el despacho, pero no tiene previsto, apuntan fuentes gubernamentales, entregar un nuevo documento al jefe del Executiu.

La base es la 'Agenda para el reencuentro' , de 44 puntos, que ya ofreció a Quim Torra en su reunión en el Palau en febrero de 2020. Un catálogo de medidas de distinto carácter (desde las relativas a la regeneración institucional y la memoria democrática, hasta el compromiso con una nueva financiación autonómica y el cumplimiento de los compromisos de inversiones) que, resaltan en el Gobierno, "ya se están desplegando". Sánchez busca "aterrizar" la política en cuestiones materiales que afectan a la vida de los ciudadanos, más ahora que España se encuentra al final de la pandemia, cuando hay que gestionar el maná de los fondos europeos y encarrilar la recuperación económica.

Castigo y perdón

Sánchez, este lunes, en una entrevista en la SER, no negó que hubiera cambiado de opinión respecto a los indultos. Pero hubo un tiempo para el "castigo", para que los independentistas asumieran las consecuencias de su quebrantamiento de la legalidad en 2017, y ahora es "útil" el "perdón". Una convicción que prendió en él, como informaba este diario, tras la sentencia del procés y las elecciones del 10-N de 2019 en las que no salió reforzado.

El presidente insistió en que ahora el Govern debe corresponder con el gesto de la medida de gracia: espera que "Catalunya hable con Catalunya", que el Executiu "no invisibilice" a los catalanes no independentistas. Ante las peticiones de amnistía y referéndum de autodeterminación, la respuesta del Gobierno será la misma: no. Solo cabe el "acuerdo pactado". "Si vivimos juntos, tendrá que decidir el conjunto de la ciudadanía sobre qué es lo que queremos que sea España", incidió.

Uno de los titulares que podría dejar la cita en la Moncloa es la fecha para el segundo encuentro de la mesa de diálogo. En el equipo de Sánchez apuntan que podría no concretarse, aunque advierten de que todo dependerá de cómo fluya la conversación. El Ejecutivo prefiere dejar que baje la inflamación, se pongan de acuerdo ERC y Junts y se celebre a la vuelta de verano. En julio sí se celebrará, en la última semana, la Conferencia de Presidentes, y será en Salamanca, a la que está por ver que acuda Aragonès. Sánchez, este lunes, si dejó más que nunca que no quiere que Oriol Junqueras forme parte del foro Ejecutivo-Generalitat. Es una mesa "entre gobiernos" y el jefe de ERC aún "tiene años de inhabilitación" por delante, defendió.

Las mismas fuentes republicanas que la semana pasada veían pocas opciones a la presencia de Junqueras señalaron, este lunes, enfadadas, que la alineación de la representación catalana “corresponde en exclusiva al Govern, que lo hará de manera consensuada con el resto de fuerzas independentistas”. Y añadieron que "no será la Moncloa quien decida quién va y quién deja de ir” a la cita.

La "represión" más "cruenta"

Por la parte catalana, se subraya que en la reunión de este martes "se hablará de todo", una especie de pistoletazo de salida al diálogo que se quiere, en la Generalitat, multinivel. Una vez se sienten las bases de las conversaciones, los ítems que se aborden, calcula el Govern, serán redirigidos a los pertinentes foros. Todo lo relativo al conflicto político se encaminará a la mesa de diálogo y las cuestiones más pecuniarias, de financiación sectorial (los incumplimientos del Estado con la ley de dependencia y la deuda de los Mossos, entre muchas otras) y de inversiones, a las comisiones bilaterales que ya prevé el Estatut. Con todo, una cuestión preocupa sobremanera al Executiu y es lo que el independentismo tilda de "represión", que tiene su forma "más cruenta, ahora mismo" con las acciones del Tribunal de Cuentas. La reunión tendrá lugar horas después de que comience el acta de liquidación provisional, las fianzas a las que los implicados deben de hacer frente y que, en no pocos casos, pueden significar el embargo de bienes de primera necesidad, como puede ser la propia vivienda.

“Básicamente se tratará de restablecer el funcionamiento normal entre administraciones, poner fecha y lugar (Barcelona, si se mantienen los planes prepandémicos) a la mesa de negociación y el tema caliente del día, el Tribunal de Cuentas”, apunta una fuente del Govern. Con todo, las cábalas que se llevan a cabo sobre las fianzas es que no los importes no serán tan altos como en un principio se preveía, aunque, sin duda, causarán un impacto enorme a los afectados. Sánchez apuntó en la SER que el TCu es una instancia "administrativa", no judicial -en realidad, es un órgano constitucional-, y cuyas resoluciones son recurribles. Su Gobierno no dará “instrucciones” a la Abogacía del Estado, dijo. En su entorno insistieron en que el Ejecutivo no tiene “ningún margen” para actuar, y menos cuando la renovación del órgano, que tocaría ya en julio de 2021, está bloqueada por el PP. 

Lógicamente, y para no dar munición a la mitad posconvergente del Govern, en el diálogo se prevé que Aragonès ponga sobre la mesa las propuestas catalanas para la resolución del conflicto, como son la amnistía y el referéndum de autodeterminación, aunque, en paralelo (como ya ocurrió con los indultos) no se cerrará a medidas paliativas inmediatas para los imputados del Tribunal de Cuentas.

El rey Felipe VI, Pedro Sánchez, Pere Aragonès y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la cena inaugural del MWC. EFE

También los fondos europeos

En su intervención este lunes ante el consell nacional de su partido, Aragonès, al referirse al cónclave en la Moncloa, sintetizó las propuestas de su Govern en una: “Que se cumpla con la hoja de ruta del Consejo de Europa”, cuya asamblea de parlamentarios aprobó el informe que exigía el cese de la persecución, a cualquier nivel, de los políticos independentistas y la apertura de un diálogo con la Generalitat.

En el fondo, subyace en el Executiu cierta sensación de que las cuestiones más económicas, aún a pesar de no formar parte de la mesa de diálogo, si son un buen indicador para calibrar el deseo real del Gobierno de Sánchez para encarrilar el conflicto con Catalunya. A ciencia cierta no bastarán, por sí solas, pero cabe no excluirlas, sobre todo en la situación económica actual. En esta línea, el debate sobre la gestión de los fondos europeos estará, seguro, también sobre la mesa.

De la reunión darán cuenta posteriormente el propio president y la ministra portavoz, María Jesús Montero. Aragonès lo hará desde el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, en el centro de la capital, y la titular de Hacienda, desde la Moncloa. Ella comparecerá por duplicado este martes, tras el Consejo de Ministros, por la mañana, y por la tarde tras el despacho entre los dos presidentes que reabrirá la senda del diálogo con Cataluña. Un camino "largo" en el que todos han de ser "generosos y empáticos", en palabras de Sánchez.

Doble instancia en el TCu y luego, el Supremo

El acta de liquidación provisional comienza este martes, 29 de junio, en el Tribunal de Cuentas (TCu), y podría alargarse hasta el miércoles. Están citados 42 ex altos cargos de la Generalitat -entre ellos, los expresidents Artur Mas y carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras y deberán acudir ellos o sus representantes legales. También asisten los demandantes: la fiscalía, la Abogacía del Estado, la Generalitat, Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos como acción pública.

En este procedimiento, se entrega a los presuntos responsables contables el acta de liquidación provisional, que es el resultado de la instrucción. Durante el acto, estos pueden realizar alegaciones en defensa de sus derechos, además de las realizadas durante la instrucción. No se dirime si existe o no responsabilidad contable, sino que se hace un pronunciamiento previo y provisional sobre las mismas. Las posibles responsabilidades, según informó el Tribunal de Cuentas, se determinarían en el procedimiento jurisdiccional, que se celebrará posteriormente. Esto es, por tanto, la fase previa, la de instrucción del procedimiento.

La función de enjuiciamiento contable es jurisdiccional, como la que ejercen los tribunales de justicia en otros ámbitos. Los procedimientos de responsabilidad contable se desarrollan en doble instancia: en la primera, la sentencia la dicta el Departamento de la Sección de Enjuiciamiento del TCu al que corresponda por turno. En la segunda o de apelación, resuelve la Sala de Justicia del órgano fiscalizador. Las sentencias del TCu son posteriormente recurribles en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.