La Diputación y los Ayuntamientos de A Coruña y Sada discrepan del Estado y “darán la batalla” ante el Tribunal Supremo en el caso de Meirás. Las tres administraciones confirmaron este miércoles que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica que el pazo de Meirás es patrimonio público pero que ordena al Estado indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco como poseedores de buena fe por los gastos, tanto útiles (mejoras) como necesarios (de conservación), desde 1975.

Su decisión llega unos días después de que el Ministerio de Justicia confirmase que no alegará por motivos “estrictamente jurídicos” y de que los Franco comunicasen a la Audiencia su intención de recurrir. La Xunta, por su parte, se ha limitado a decir que se adhiere a la decisión de la Abogacía del Estado, como ha hecho hasta ahora.

El Ejecutivo provincial (PSOE-BNG) y los ayuntamientos de Sada y A Coruña son conscientes de las dificultades de que prospere su recurso de casación ante el Supremo, más aún como partes adhesivas simples, pero defienden que “hay batallas que hay que darlas aunque se pierdan”, en palabras del portavoz socialista Bernardo Fernández. “La batalla principal la hemos ganado y esta es una más pequeñita que también tenemos que dar, no solo por motivos jurídicos, también morales”, defiende el diputado que defiende la independencia entre administraciones y que niega que su decisión haya provocado malestar entre su partido en Madrid. El diputado expresó su respeto a la decisión del Ministerio de Justicia, negó tensiones y reivindicó el papel del Gobierno socialista. “El Gobierno ha hecho posible esta deuda histórica”, incide el diputado, en alusión a la devolución del pazo. Y añade: “Recuperar el pazo también parecía imposible hace unos años y se logró”.

El Gobierno provincial se pronuncia en la misma línea que el Ejecutivo sadense, el primero en anunciar recurso. Afirman que todavía hay partido y que, en contra del parecer del Ministerio de Justicia, hay vías para tumbar la liquidación posesoria de buena fe desde 1975.

Las tres administraciones son conscientes de que los poseedores de mala fe tienen derecho también al pago de los gastos necesarios y no se oponen a ese extremo, sino a la consideración del dictador y sus descendientes como poseedores de buena fe, lo que les da derecho a ser indemnizados también por los gastos útiles (mejoras) y a hacer suyos los ingresos durante todos estos años. Otro punto en el que discrepan, al igual que algunos expertos consultados por este diario, es en que se fije la liquidación del estado posesorio desde 1975 a pesar de que, como acredita la propia sentencia de la Audiencia, el Estado mantuvo su presencia a través de servicios de seguridad en el pazo hasta 1990.

Sobre la mala fe, argumentan que la propia sentencia de la Audiencia aporta pruebas suficientes para acreditar que sí la hubo en la posesión del pazo por parte de Franco y su mujer, Carmen Polo, con la que estaba casado en régimen de gananciales y que falleció en 1988. Aducen además que hay jurisprudencia que avala que la mala fe se transmite a los herederos. A los que les correspondería demostrar que no eran conocedores de las irregularidades del título de propiedad.

La decisión de las tres administraciones de recurrir el fallo se dio a conocer ayer en la reunión de la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, un ente del que forman parte la Diputación, los concellos de Sada y A Coruña, entre otros, universidades, historiadores, entidades culturales y de memoria histórica y la Real Academia Galega, que se ausentó. En el transcurso de la reunión, la Xunta Pro Devolución acordó instar a Xunta y Estado a reconsiderar su postura y sumarse al frente común para batallar ante el Tribunal Supremo. Todos los presentes en la reunión estuvieron también de acuerdo en la conveniencia de crear una mesa para coordinar los recursos de las tres administraciones y en expresar su apoyo al manifiesto publicado por los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo para instar al Estado a rectificar.

Este manifiesto, publicado el martes, ha recabado ya el apoyo de más de dos mil personas de distintos ámbitos: representantes de la cultura, la política, el sindicalismo, la lucha social o el periodismo, entre otros campos, que han estampado su rúbrica en el texto. Al manifiesto se han sumado también un centenar de entidades de toda España, muchas de ellas asociaciones memorialistas, que urgen al Gobierno a recurrir una sentencia que consideran un “insulto” a las víctimas del franquismo.