La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) "nunca" se ha desdicho de su compromiso de combatir los precios abusivos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, pero ha cuestionado que el control de precios sea el mejor instrumento para ello.

"No se ha alterado la hoja de ruta del Gobierno para evitar las subidas abusivas de precios de alquiler en zonas tensionadas, la discusión está en cuál es el instrumento que mejor lo posibilita", ha afirmado este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Montero ha respondido de esta forma a las acusaciones de Unidas Podemos sobre la intención del PSOE de incumplir su compromiso de posibilitar en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan limitar los precios máximos de los alquileres en las zonas tensionadas.

La portavoz, que ha considerado "muy sana" la discusión que se está dando entre los socios de gobierno sobre la utilidad de este instrumento, ha abogado por "tener en cuenta la experiencia de otros países" en los que se ha aplicado y de algunos ayuntamientos españoles recientemente "para que no haya efectos secundarios contrarios" al objetivo que se persigue, como la "contracción de la oferta de alquiler".

También ha advertido de que, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, "el mercado del alquiler ha variado respecto a lo que ocurría hace un año y en las zonas tensionadas en las que la tensión venía derivada de los pisos turísticos ha habido menos tensión en los últimos meses", lo que a su juicio ha supuesto un "compás de espera para poder trabajar el texto de manera legal, segura y ordenada".

A pesar de las discrepancias con Unidas Podemos, Montero ha asegurado que no contempla otra opción que no sea que el Gobierno de coalición llegue a un acuerdo sobre este anteproyecto de ley: "No hay otro escenario en el horizonte", ha asegurado, al tiempo que ha garantizado que no se presentará una ley sin la seguridad jurídica "perfectamente trabajada y articulada en el marco constitucional".

En su opinión, es compatible cumplir el acuerdo firmado con Unidas Podemos y discutir qué instrumento es más útil para que bajen los precios del alquiler.

Por eso ha afirmado: "No contemplo ninguna otra cuestión que no sea llevar al Congreso una ley de vivienda que dé respuesta a los problemas planteados en la línea que se firmó en el acuerdo de gobierno, pero sí se puede discutir qué instrumento es mejor y mas útil".

Además ha hecho hincapié en que el "paquete regulatorio" que compondrá la ley es "mucho más amplio" que el de contener las rentas en las zonas tensionadas de las grande ciudades y que abarca muchos más elementos.

En esa línea ha confirmado que el Ministerio de Hacienda, del que ella es titular, está trabajando junto con el Mitma en la búsqueda de incentivos fiscales para hacer "aflorar viviendas desocupadas al mercado de alquiler e incentivar contratos por debajo de los precios de referencia que marque el Ministerio".

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Sobre posibles presiones al PSOE de fondos de inversión y otros grandes propietarios para no permitir la limitación de rentas y otras medidas exigidas por los de Pablo Iglesias, Montero ha dicho que el Ejecutivo "no es sensible más que a la situación de las empresas, pero eso no son presiones en el sentido clásico, sino empatía con los sectores productivos y la situación que atraviesan".

Aunque no hay una nueva fecha tentativa sobre la mesa para llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros (la última fue el 28 de febrero), la portavoz ha deseado que esto se produzca "en las próximas semanas" y que sea una ley consensuada por las dos formaciones políticas del Gobierno y "también con otras que tienen que aprobarla en el trámite" parlamentario