Admiten la querella contra dos concejales por el incendio de Atalayas
El juzgado de instrucción número 4 de Murcia sí acepta que sean investigados, pero lo deriva al 3 por ser el tribunal que investiga el suceso
Nuevo giro judicial en el caso del incendio en la discoteca Teatre, en Atalayas. El juzgado de instrucción número 4 de Murcia informó la semana pasada mediante un auto que admitía la querella por prevaricación con resultado de muerte presentada por los familiares de dos de las 13 víctimas mortales.
No obstante, el 4 se inhibió a favor de la jueza del número 3, que investiga el caso de homicidio por negligencia derivado del incendio del pasado 1 de octubre, al estimar el magistrado José Fernández Ayuso que dicho juzgado es el competente para tramitarla.
En concreto, la querella acusa a los concejales popular y socialista, Antonio Navarro Corchón y Andrés Guerrero, además de a tres funcionarios del Ayuntamiento de la capital del Segura, de un delito de prevaricación con resultado de muerte. El juez Fernández Ayuso, en su auto, ve que los hechos denunciados pueden «revestir delito leve de prevaricación judicial con imprudencia».
Tal como indicó ayer a La Opinión de Murcia el abogado José Manuel Muñoz, representante de los citados familiares, si el juzgado número 3, cuya titular es la magistrada Ana María Martínez, acepta la querella, implicaría la investigación de los dos ediles y los tres empleados públicos; de rechazarla, como ya hizo con una anterior, la devolvería al juzgado número 4 y se remitiría a la Audiencia Provincial, para que decidiese cuál de los dos ha de hacerse cargo.
La denuncia de homicidio por negligencia presentada por los poderes públicos e investigada por el juzgado número 3, explicó Muñoz, limitaría la responsabilidad a los propietarios de las naves y los causantes del fuego. La querella que ahora se dirime extiende esa responsabilidad a la Administración municipal, ya que los familiares que la iniciaron sostienen que el Consistorio murciano cometió «graves irregularidades», dado que Teatre carecía de licencia de actividad y el local presentaba evidentes deficiencias de seguridad.
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