El Ayuntamiento de Murcia suspende la actividad de la discoteca incendiada el sábado

Cuando se cumplían 28 días desde el trágico incendio que se desató en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en el que perdieron la vida 13 personas, otro local de ocio en la zona de Atalayas, la discoteca Ibiza (junto al Palacio de Deportes) se incendiaba el pasado sábado, al parecer tras unos trabajos de mantenimiento relacionados con el sistema eléctrico. Esta vez no hubo que lamentar heridos (el local estaba cerrado al público en ese momento), pero el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y ha procedido a suspender la actividad del establecimiento de manera cautelar.

Según fuentes municipales, el pasado viernes, un día antes del siniestro, este local fue inspeccionado por Protección Civil, en el marco de la campaña especial de inspecciones puesta en marcha por el Gobierno municipal tras el desastre del pasado 1 de octubre. Aunque no han trascendido los motivos, esta Redacción ha podido saber que Protección Civil emitió un informe desfavorable, que fue trasladado a la Concejalía de Urbanismo, quien procedió a dictar la medida cautelar de suspensión de la actividad.

Por otra parte, con respecto a la tragedia de Atalayas, la Asociación No Más Ruido de Murcia anunció ayer que ha presentado escritos ante la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Murcia para comparecer ante las comisiones que van a investigar las deficiencias en el funcionamiento administrativo.

Según este colectivo, esta tragedia ha puesto de manifiesto «un deficiente funcionamiento en los servicios municipales del Ayuntamiento de Murcia, al margen de las posibles responsabilidades individuales». Desde No Más Ruido aseguran que llevan muchos años reclamando al Consistorio «más contundencia frente a establecimientos ilegales y a infractores reiterados» y quieren exponer ante los comisionados autonómicos y locales que la tragedia se produjo en el marco de «un sistema ilegal e irresponsable desarrollado desde hace años a demanda y conveniencia de las asociaciones empresariales de restauración y ocio, que nuestros gobernantes han tragado, aprobando unas normas confusas y mostrando una actitud condescendiente con unas prácticas, empresariales y administrativas, que favorecen el funcionamiento de actividades en situación de abuso e ilegalidad».

Por otra parte, la asociación insta a la administraciones a trabajar para «corregir una normativa medioambiental que permite situaciones como la acontecida», y a aprobar una normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas que ordene la actividad de un sector sobre el que confluyen diferentes regulaciones: ambientales, industriales, sanitarias, de edificación y seguridad, entre otras.