El Partido Popular de Murcia ha denunciado al PSOE ante la Junta Electoral por "hacer un uso torticero y partidista de la institución pública". Los populares denuncian que las concejales socialistas Ainhoa Sánchez y Esther Nevado realizaron ayer un acto en el centro municipal de Aljucer, "vulnerando de forma flagrante el articulado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General", que determina que los cargos públicos no podrán realizar ningún acto promovido por los poderes públicos desde la convocatoria de las elecciones, algo que, según el PP, se produjo el pasado lunes.

En un comunicado, el PP señala que los artículos 50.2 y 50.3 de la citada ley recogen que “desde la convocatoria de las elecciones queda prohibido realizar cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos… también queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos…”, por lo que "la inauguración de ayer del centro municipal de Aljucer que realizó el PSOE no es acto permitido por la legislación".

Además, el Grupo Popular remitió un escrito al alcalde socialista advirtiéndole del incumplimiento de la ley que estaba cometiendo su equipo de gobierno y emplazándole a que no realice "un uso torticero y partidista del Ayuntamiento y sus recursos, una institución que representa a todos los murcianos".

Pilar Torres ha recordado que el pedáneo de Aljucer realizó publicaciones en las redes sociales anunciando la inauguración del centro municipal y animando a los vecinos a acudir al acto, que ayer el PSOE difundió a través de los canales de comunicación oficiales del Ayuntamiento.

“Los socialistas han vuelto a actuar con su habitual sectarismo y autoritarismo, tratando de confundir a los vecinos con anuncios falsos y electoralistas”, ha señalado la concejal popular.

Asimismo, el PP detalla que las ediles socialistas Ainhoa Sánchez y Esther Nevado se exponen a tener que responder con su patrimonio a la posible sanción que les imponga la Junta Electoral por incumplir la legislación vigente.