Los miembros de la lista de espera para trabajar como conductor de bomberos del SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) han cumplido su palabra y han llevado a los tribunales las horas extraordinarias de este servicio ofrecidas por el Ayuntamiento de Murcia.

El convenio colectivo de los empleados municipales en Murcia suprime los excesos de jornada «con carácter periódico». Sin embargo, solo el en 2021 el Consistorio tuvo que abonar 1.039.958 euros a este colectivo por las horas extra que se vieron obligados a hacer. En 2020, la cifra ascendió a los 1.099.134 euros.

Gustavo Adolfo Egea, uno de los opositores que se quedó engrosando la bolsa de trabajo, asegura que en 2022, solo hasta mayo iban se habían hecho 20.000 horas extra. «Tienen que ir ahora por mas de 30.000 tirando por lo bajo», añade.

La Corporación murciana anunciaba el verano pasado la aprobación de 20 plazas de nueva creación que se sumarán a los 14 nuevos conductores que tomaron posesión el 1 de julio. El problema, sin embargo, es que aún «no han salido ni las bases ni la convocatoria y, aunque ocurriera, entre que hacen la oposición y la academia pasará más de un año», denuncia Egea. En la actualidad, el número de conductores asciende a 39 cuando existe una necesidad estructural de 48 conductores (54 durante los meses de verano) para poder cubrir sus turnos de trabajo diario.

Por cada una de las guardias que hacen los conductores de los bomberos del Ayuntamiento se cobra más de 600 euros y los opositores advierten que, aunque entraron nuevos conductores, se siguen haciendo horas extra en lugar de acudir a la lista de espera.

El año pasado el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia presentó una moción en el pleno, que fue rechazada, para activar la bolsa de trabajo de los conductores del SEIS. Fue el concejal popular Marco Antonio Fernández el que afirmó entonces que el perjuicio contable de no hacerlo a las arcas públicas es de, aproximadamente, 500.000 euros.

El 5 de noviembre de 2022 el Ayuntamiento de Murcia desestimó la reclamación de derechos y haberes en relación a esta lista de espera, por lo que los opositores tenían dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo, que finalmente presentaron el 27 de diciembre.

Fuentes municipales ya declararon el año pasado que «no se puede tirar de la bolsa porque primero hay que hacer la academia» y preferían esperar a que se desarrollase el proceso por oposición.