Esta semana han entrado en funcionamiento 25 cámaras más de videovigilancia en los entornos de la Glorieta, el Moneo y la Plaza de Europa para aumentar el nivel de seguridad de la ciudad de Murcia.
Hasta el momento, el número total de cámaras instaladas en la vía pública, de uso reservado exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, era de 241, de las cuales 128 están destinadas a la videovigilancia para el mantenimiento de la seguridad de la línea del Tranvía de Murcia, mientras el resto se distribuyen en zonas como el Barrio de El Carmen (52), jardines de la ciudad y carriles bici.
El concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, ha explicado que «la Policía Local de Murcia, mediante el empleo de estos medios técnicos, ha incrementado el nivel de Seguridad Ciudadana y de los vecinos del municipio, evitando la comisión de actos delictivos, daños en bienes (como robos, atracos, daños o graffitis), al tiempo que ha prestado una ayuda inestimable a la Administración de justicia, aportando pruebas en procesos judiciales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la investigación de delitos, al Grupo de Atestados en el esclarecimiento de responsabilidades ante siniestros de tráfico, entre otros».
Detectan accidentes o delitos cometidos en la calle contra la propiedad o contra la libertad sexual
Desde el Consistorio subrayan que se ha constatado que el uso de sistemas de videovigilancia ha incrementado sustancialmente el nivel de protección de los bienes y libertades de las personas. Por ello, su utilización por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha generalizado, y prácticamente la totalidad de policías han recurrido a estos medios.
La instalación de cámaras en la vía pública es de carácter restrictivo, es decir, debe estar sobradamente justificada la necesidad de su uso y ajustarse al proceso legal.
Requisitos de la videovigilancia
Por ello, ha sido autorizada su instalación por el Delegado del Gobierno, al que se ha tenido que aportar toda la información necesaria, como la motivación de la necesidad de su instalación, el estudio de incidentes contra la Seguridad Ciudadana, los daños a personas o bienes ocurridos en las zonas afectadas o la finalidad motivadora de la instalación, junto con las características técnicas de las cámaras y grabadores, el lugar exacto de su colocación, las fotografías de las imágenes que realizarán las cámaras o las garantías de seguridad.
Garantías de su uso
Gracias a las cámaras instaladas en la vía pública se han detectado accidentes de tráfico, delitos cometidos en la calle contra la propiedad o contra la libertad sexual; se han reducido los tiempos de respuesta ante incidencias detectadas; se ha mejorado la coordinación de los dispositivos ante situaciones de emergencia; han facilitado el esclarecimiento de infracciones penales; se ha ofrecido a los órganos judiciales pruebas y, en definitiva, se ha aumentado la seguridad de las zonas en las que están colocadas.
El uso de las mismas se justifica con datos de conflictividad y Seguridad Ciudadana de la zona donde se solicita su instalación, a través de quejas recibidas, llamadas registradas al 112 o 092, denuncias por infracciones penales u otro tipo de requerimientos.
