El caso tiene quince años, aún colea y todavía no hay fecha para la vista oral. El titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Murcia ha acordado la incoación de un procedimiento con tribunal jurado contra 20 investigados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y otros delitos conexos a estos en el conocido como caso ‘Barraca’, informaba ayer el TSJ de Murcia.
Con este auto, el magistrado cierra las diligencias previas abiertas tras la denuncia de posibles irregularidades del que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Murcia al informar sobre proyectos, que le podrían estar vedados por el régimen de incompatibilidad como jefe de servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, y abre la fase de instrucción por los trámites propios del procedimiento jurado. Según el magistrado instructor, las actuaciones pivotan en torno a dos investigados principales: Joaquín Peñalver, jefe del Servicio de Planeamiento en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia desde el año 1999 a marzo de 2006, y su esposa, casada en régimen de participación, a la que el Ministerio Público considera como la persona interpuesta por el arquitecto municipal en las mercantiles Urbasa Mediterránea SA y Peñalver Arquitectos y Asociados SL.
El Ministerio Fiscal, realizadas las diligencias instructoras imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, interesó en julio la reconversión de las diligencias previas a los trámites de procedimiento de jurado, por ser los delitos objeto de su competencia. Tras su análisis, el magistrado considera que, «a salvo la presunción de inocencia de las personas afectadas, los hechos revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación», los caracteres de delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada, cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado.
En una segunda resolución, el magistrado acuerda el archivo de las actuaciones respecto de siete empresarios que habrían tenido relación con los principales investigados o las empresas citadas y sobre las que, con las diligencias practicadas, no han quedado acreditados los indicios delictivos que se denunciaban.
Tras la conversión del procedimiento, los investigados serán citados a una comparecencia, dándoles traslado de la denuncia o querella admitida a trámite.
