Nuevo revés judicial para al Ayuntamiento de Murcia, que no levanta cabeza en los tribunales. Un juez le acaba de dar la razón a la empresa que remodeló los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería y la Administración local le deberá abonar 391.9467,68 por diferencias en las mediciones y por el precios de las obras.

Esta sentencia, comunicada al Gobierno local el pasado martes, es la tercera que emiten los tribunales en contra del consistorio murciano en poco más de un año. El primer varapalo se produjo en noviembre de 2020 cuando el juez le dio la razón a la promotora Mamusa por un convenio suscrito en la zona norte para la construcción de viviendas, que no se desarrolló. Este fallo judicial estima que las arcas municipales deben abonar a la empresa 19 millones, una cantidad que puede verse elevada hasta los 90 millones si otras promotoras y constructoras que firmaron convenios urbanísticos recurren a la justicia.

Tras esa sentencia millonaria, el 18 de enero de este año, el Gobierno local recibió la comunicación de otro fallo judicial que obligaba al Ayuntamiento a pagar 2,1 millones por el parking subterráneo del Cuartel de Artillería. Una semana después, el pasado martes, se remitió la sentencia que condena al Consistorio por las obras realizadas en los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería, una denuncia que interpuso ante el Contencioso la UTE (Unión Temporal de Empresas) Orthem Wenceslao, que no estaba de acuerdo con la liquidación que hicieron desde el Ayuntamiento con el anterior equipo de Gobierno.

En base a este fallo judicial la Hacienda local debe abonar 391.946,68 euros, una cifra que es el resultado de sumar distintos conceptos, entre ellos, la diferencia de las mediciones llevadas a cabo y los precios de la reforma.

Antes de ir a los tribunales la firma que remodeló los pabellones presentó una reclamación por vía administrativa exigiendo el pago de esas cantidades, que no obtuvo contestación y que fue desestimada por silencio administrativo, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso esta Redacción.

En la sentencia, se reconoce que las mediciones realizadas por la empresa que hizo la remodelación son correctas y que no era necesario acudir a un modificado porque no excedía en un 10% el precio inicial de la obra, que fue adjudicada en 2018 por 3,1 millones.