El joven acusado de participar cuando era menor de edad en desórdenes públicos en Murcia en octubre de 2017 dentro de las protestas vecinales que pedían que el tren de alta velocidad entrara soterrado en la ciudad y no en superficie se ha acogido este martes en el juicio a su derecho a no declarar.
En la primera sesión de la vista oral que se desarrolla ante el Juzgado de Menores de Murcia, ha dicho que no respondería a ninguna pregunta, según fuentes próximas al caso.
Durante la sesión han declarado como testigos los policías nacionales que redactaron el atestado por los incidentes, en el que se recoge que los participantes en los hechos produjeron daños en bienes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la empresa Aldesa por 134.000 euros.
También han declarado empleados de Adif y de la empresa de seguridad encargada de la vigilancia de las obras, mientras que en una próxima jornada del juicio lo harán los testigos propuestos por la defensa y se practicarán las pruebas periciales.
La fiscalía y la abogacía del Estado solicitan año y medio de internamiento en un centro en régimen de semilibertad, aunque no se descarta que en sus conclusiones definitivas puedan modificar esa petición provisional.
Por los mismos hechos que ahora se ven en ese juzgado están acusados tres jóvenes que se sentarán en el banquillo el próximo febrero en la Audiencia Provincial de Murcia después de que en la comparecencia que se celebró en julio de 2020 no se alcanzara un acuerdo de conformidad, que pasaba por la admisión de los hechos por su parte.
