El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado hoy el Presupuestos General Municipal para el año 2021. Estas cuentas, que han salido adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos, socio indispensable, no son del agrado de nadie, ni siquiera del equipo de Gobierno, tal y como admitió durante el debate el concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca. “Si me preguntan si estoy satisfecho con traer estos presupuestos en el día de hoy les diré que no, sobre todo en diferentes capítulos, no son las cuentas que a este equipo de Gobierno le hubiese gustado hacer, pero son las que hemos podido hacer en la situación en la que nos encontramos, con tantos asuntos que desconocíamos y que estaban sin resolver en los cajones durante meses, e incluso años”, aseguró Lorca. 

Los Presupuestos aprobados tienen una cantidad consolidada de 426.918.966 euros, lo que supone casi un 1 por ciento más con respecto al del ejercicio anterior. Según el máximo responsable de las políticas económicas municipales, “pese a las mermas que hemos tenido en algunos capítulos de ingresos, mantiene todavía un claro carácter social marcado por la crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19”. Para Enrique Lorca, las cuentas aprobadas suponen al mismo tiempo “una nueva etapa y un cambio de rumbo para el municipio, cuyo objetivo es dotar de más servicios y más equipamientos a barrios y pedanías para corregir las grandes diferencias que existen en el territorio”. 

Por ello, según Lorca, el Ayuntamiento va a invertir 31 millones de euros en equipamientos e infraestructuras “a lo largo y ancho del municipio”. Del total, un 74 por ciento irá destinado a barrios y pedanías. 

El concejal de Gestión Económica aprovecho su intervención en el Pleno para desmentir que él haya admitido que existe un descuadre de 7,5 millones de euros a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalía. “Lo que dije, y mantengo, es que estamos a la espera de conocer la sentencia íntegra y que estamos tranquilos porque el Gobierno de España va a hacer modificaciones y va a dar seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como los ayuntamientos”. La incidencia que pueda tener el anuncio de Tribunal Constitucional (TC) de que ha acordado anular el método de cálculo del impuesto municipal sobre la plusvalía ha colocado en una situación “de confusión e incertidumbre” a muchos consistorios y llevó a los grupos de Vox y PP en Murcia a pedir que se retire el proyecto presupuestario, pero el concejal socialista sostiene que “lo responsable hoy es traer el Presupuesto, porque muchas de las inversiones y muchos de los gastos pendientes se tienen que llevar a cabo con las cuentas aprobadas”.

Mario Gómez ya mira a 2022

Por su parte, el concejal de Fomento y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez agradeció a los partidos que han votado a favor los Presupuestos su responsabilidad. Sobre el retraso en aprobar las cuentas de este año, Gómez recordó que él mismo ha criticado esta tardanza en legislaturas anteriores, pero, “nos hemos encontrado un borrador de presupuestos totalmente desordenado, con unos gastos exorbitados, y ha sido muy difícil cuadrar todas las partidas, sobre todo el capítulo 2, el gasto corriente, con el capítulo 1, con los ingresos que estamos teniendo, cada vez menores”. 

Gómez afirmó que lo más le preocupa en este momento no son estas cuentas sino las de 2022, “por la sentencia de las plusvalías; entiendo de manera particular que el Constitucional tiene razón, es un impuesto confiscatorio y que grava doblemente a los ciudadanos, y lógicamente, desde el Gobierno de la nación se tendrá que compensar a las administraciones públicas de alguna manera, porque si no, se va a hacer totalmente insostenible ese déficit estructural”. 

A esta preocupación, el responsable de Fomento sumó el problema específico de la estructura económica del Ayuntamiento de Murcia, “desordenada y faraónica, imposible de mantener sin unos ingresos decentes, pero estos trabajando todos, en optimizar los recursos, los funcionarios saben que se ha producido un cambio de rumbo para hacer a esta Administración más rentable”. 

Podemos, socio decisivo

Los votos de Podemos eran decisivos para dar luz verde al Presupuesto Municipal y tal y como anunciaron hace semanas, los han apoyado. “No son los Presupuestos que habríamos redactado nosotros, ni siquiera son los que habría redactado el equipo de Gobierno en otras circunstancias, pero a la altura del año en la que nos encontramos, y con la situación financiera que tenemos tampoco cambia hacer más florituras”, afirmó el portavoz municipal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, que a pese a todo valoró algunos aspectos positivos en su opinión. “Es un Presupuesto centro en el gasto social en el que se consigue ampliar partidas para reforzamiento de diversos servicios públicos, sobre todo en educación. En este sentido, destacó la partida promovida por su Grupo para el primer Centro de Atención Temprana. 

Sobre la sentencia del impuesto de plusvalía, Ruiz Maciá comentó que no deberían afectar a unos presupuestos, “que son del 2021, que están prácticamente ejecutados, y ya está girado prácticamente el 100% de ese impuesto, pero evidentemente la tendrá que tener en cuenta en los próximos presupuestos”, y, al igual que hiciese Lorca, remarcó que todavía no se conoce el texto ni el alcance temporal que tendrá. “No sabemos si afectará a las liquidaciones que no son firmes, o que están en plazo de revisión”. En cualquier caso, Ruiz Maciá afirmó que el Constitucional no dice que no se pueda cobrar un impuesto de plusvalía, sino que el método de cálculo de base imponible no es correcto “y ha dicho el Ministerio de Haciendo que está trabajando en un texto legal que permita seguir cobrándolo, que es una parte importante de la financiación”. 

Le sorprende al portavoz de Podemos que el PP esté tan preocupado por esto y no “por la losa que va a suponer para el Ayuntamiento la sentencia ya confirmada de los 19 millones de euros de los convenios de la zona norte, con intereses de más de 500.000 euros anuales, y el resto de sentencias que podrían llegar por el resto de convenios y que llegarían a los 120 millones de euros; a mí eso me preocupa mucho más”. 

Tras la aprobación del Presupuesto se abre un período de alegaciones de 15 días hábiles desde su publicación en el BORM.